Las Doñas de Eureka buscan a sus hijos e hijas, esposos y hermanxs desaparecidxs durante la etapa de represión por parte del Estado entre los años sesenta y noventa del siglo pasado. Ana Enamorado busca a su hijo Óscar Antonio, migrante hondureño desaparecido en Jalisco desde 2010. La familia Parral no ha descansado desde el mismo año, cuando su hijo Jorge fue víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial a manos de elementos del Ejército mexicano. La esposa, los hijos y familiares de Rogelio Amaya lograron sacarlo de la cárcel, donde fue recluido más de tres años sometido bajo tortura y acusado de un crimen que no cometió.

Son cuatro historias que hablan por miles, no son únicas.

Porque desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desaparición de migrantes a su paso por México, torturas y delitos fabricados son múltiples formas de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas recurrentemente en nuestro país durante las últimas décadas.

Obtener la verdad alrededor de casos de graves violaciones a derechos humanos es una tarea del Estado mexicano a partir de tratados y jurisprudencia internacional, pero también por lo establecido en la Ley General de Víctimas en su capítulo V sobre el Derecho a la Verdad de las víctimas y la sociedad.

A pesar de ello, en los casos abordados en este informe, son las personas sobrevivientes y las familias de las víctimas quienes están realizando el trabajo, en algunos casos durante décadas. Ante la inacción y muchas veces incluso la obstrucción por parte del Estado, ellas y ellos, las víctimas, son quienes están garantizando que todxs podamos saber qué pasó.

Comité Eureka

Cuando nos encontramos, ya no estuvimos solas

Son unas ochenta mujeres. Al frente, señoras de unos cincuenta años o más que usan falda por debajo de la rodilla y vestidos oscuros. Algunas con rebozos, otras con chambritas tejidas a mano. Las hay de mocasines, sandalias y huaraches. Son amas de casa que han salido poco de sus hogares, dedicadas a guisar y limpiar, las que ahora desafían al presidente de México. En tiempos del Estado más represor y del presidencialismo más arraigado, las Doñas del Comité Eureka se plantan en la puerta de Catedral, en el corazón de la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional. Empiezan una huelga de hambre. Denuncian que en el país existe la desaparición forzada y exigen la presentación con vida de sus seres queridos. Es 28 de agosto de 1978.

Oscar Antonio López Enamorado

Buscar sin fronteras

Óscar Antonio López Enamorado fue desaparecido el 19 de enero de 2010 en México. Había migrado desde San Pedro Sula, Honduras, y tenía diecinueve años. Su madre, Ana Enamorado, lo busca desde entonces. No existe aquí una organización de familiares de migrantes desaparecidos, Ana camina sola.

Dejó su país y ahora vive en México, donde sus denuncias han revelado graves violaciones a derechos humanos. Gracias a ella sabemos que en Jalisco incineraron cuerpos de desaparecidos y, sin certezas, entregaron cenizas a miles de familias.

Fue en septiembre de 2012 cuando Ana Enamorado decidió dejar su vida entera para salir a buscar a su hijo. Llevaba más de dos años sin saber de Óscar, enloqueciendo de angustia y también presa de violencia. No podía más con la violencia de San Pedro Sula, considerada la ciudad más peligrosa del mundo por su tasa de homicidios, que entre 2010 y 2018 ha oscilado entre 38.9 y 83.9 por cada cien mil habitantes, en datos de Naciones Unidas. Ana tampoco podía ya con la violencia dentro de su hogar, viviendo con un hombre que la maltrató durante dos décadas.

“Oscarito” le decían los vecinos, era muy querido. Creció encerrado, cuidadito para que no le fuera a pasar algo en la calle. Desde niño tuve que llevarlo a la escuela, recogerlo, encerrarlo en la casa. A sus compañeros de escuela los saludaba a través de la reja; había muchos niños que vivían así.

Fue creciendo y luego vio que a sus amigos los estaban asesinando. Andaban hombres encapuchados en camionetas y se llevaban a cualquiera que se encontraran en la calle. Había sospechas de que era la misma policía. No se supo porque en Honduras no se investiga, el riesgo es total, no se puede denunciar. Si vas a denunciar, el mismo servidor público levanta el teléfono, llama al maleante y de inmediato van a asesinar a tu familia. Conozco a muchas familias asesinadas. Un día mi hijo me dijo que se quería ir a Estados Unidos. “Porque aquí no voy a poder vivir tranquilo, porque ustedes siempre me están cuidando. Yo quiero estudiar, trabajar, ¿qué voy a hacer? No veo futuro aquí”.

Ana Enamorado sigue buscando a Óscar y también es activista del Movimiento Migrante Mesoamericano. Es una de las organizadoras de Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que se realiza cada año. Varias veces ha caminado a través de Centroamérica y México junto a otras madres y ha participado en recorridos por Europa.

Es una madre que se hizo migrante para buscar a su hijo. Un ama de casa que se hizo activista. Una mujer recordándonos que miles de personas han sido desaparecidas en su paso por México, que no son invisibles ni son números: son hombres y mujeres, muchachos y muchachas con rostros, historias y vidas. Que hay miles de Óscares por encontrar.

Dejó su país y su vida para empezar de cero en otro país donde la discriminan y criminalizan. Sigue adelante, sortea depresiones. ¿De dónde saca fuerza? Nadie de su familia la acompaña.

Nunca me apoyaron, me decían que dejara la búsqueda y es cada vez peor, ya ni siquiera me preguntan. Mi hermano mayor tenía un negocio allá, no quiso pagar extorsión y el año pasado fue asesinado. Mi otro hermano también, en 2016. Ha sido muy difícil, lo he ido perdiendo todo.

Un hijo, una vida y los sueños para los dos transformados en un expediente. Hechos papeles, burocracia, un calvario que parece no tener final. Todos los días enfrenta a personas que la miran sin mirarla, con el corazón hecho piedra. Pero Ana sigue buscando a Óscar, recordándonos que faltan miles de muchachas y muchachos desaparecidos en su paso por México.

Rogelio Amaya

Ya no soy víctima

Rogelio Amaya fue detenido en el verano de 2010 con otros amigos de la infancia por la Policía Federal, en Ciudad Juárez. Los torturaron para obligarlos a mentir e incriminarse como autores de la explosión de un coche bomba. Los presentaron ante los medios de comunicación como “narcoterroristas”. Los encarcelaron más de tres años. A una década del crimen, Rogelio rehace su vida y construye una verdad desde su experiencia y su lucha; una verdad que rompe la mentira y desmorona la justificación de una guerra.

La noche del 11 de agosto del año 2010, Rogelio Amaya salió de su trabajo en la bodega de Soriana y se encontró con sus amigos de la infancia: Gustavo, Víctor, Noé y Ricardo, en la colonia Parajes del Sol. Era una calurosa noche de verano en el desierto y Rogelio se sentó con ellos a beber cerveza. Eran aproximadamente las veintiún horas.

Gustavo recibió una llamada de su expareja; necesitaba encargarle leche y pañales para su bebé. Todos se sumaron a la tarea del amigo y lo acompañaron a la casa. Cuando estaban dentro, pasó una patrulla de la Policía Federal y se asomaron curiosos. Solo revisión de rutina, dijeron los policías, y siguieron con su marcha.

Los muchachos acabaron el mandado, se despidieron y subieron a la camioneta Explorer en la que llegaron. Un par de cuadras más adelante encontraron de nuevo la patrulla de los federales estacionada.

Los oficiales los detuvieron y obligaron a subir a la batea de la patrulla. Condujeron el vehículo hasta las instalaciones de la Policía Federal de Ciudad Juárez y los encarcelaron.

En ese lugar, los jóvenes fueron separados en habitaciones distintas. Los golpearon con cinturones; los patearon; les dieron puñetazos en las costillas, los brazos, la espalda; les dieron toques eléctricos; les pusieron bolsas de plástico en la cabeza simulando asfixia.

Tras dos días de tortura, los subieron a todos a una camioneta pick-up, los condujeron al aeropuerto de Ciudad Juárez y los subieron a un avión de la Policía Federal rumbo a la Ciudad de México.

A Rogelio le obligaron a grabar un video en donde decía que él se dedicaba a reclutar mujeres para el narco. Si no lo hacía, su familia en Ciudad Juárez sería asesinada. Rogelio obedeció. Era el viernes 13 de agosto del 2010. Los esperaban los medios de comunicación con sus cámaras y micrófonos apuntándoles, listos para presentarlos ante la audiencia del país como los narcoterroristas, autores del coche bomba.

El viernes 13 de agosto por la mañana, Daniel, hermano mayor de Rogelio, prendió la televisión para escuchar las noticias y miró a Rogelio y sus cuatro amigos golpeados, esposados y con una mesa de armas frente a ellos.

Yo creía lo que veía en la tele porque con tanto pinche spot de televisión que te mete el Gobierno, te hacen creer que es verdad, que sí están agarrando delincuentes y uno de cierta manera se siente seguro. El problema es cuando te pasa a ti; te das cuenta de que esto de la guerra contra el narco es pura falacia. Cuando las noticias en la tele sacaron que mi hermano era un narco fue muy frustrante. Peleé con la gente que lo creía. ¿Por qué detienen gente y sin juicio los ponen en la tele? ¿Para decirle a la sociedad que sí están trabajando cuando no lo están haciendo? El método de investigación que tiene el Gobierno es ese, el de la tortura.

Después del rechazo de organizaciones de derechos humanos en la Ciudad de México para defender a los muchachos, y la estafa de varios abogados que les cobraron quince, veinte mil pesos por llevar la defensa, las familias siguieron la búsqueda de apoyo legal. A través de la Iglesia católica, supieron del padre Óscar Enríquez y que él tenía un centro para ayudarles. Así fue como las mamás de los jóvenes llegaron al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez.

En 2010, el año más mortal en su historia, Ciudad Juárez era una de las urbes que sufría más violencia en el país, con tres mil homicidios anuales.

Durante tres años y medio el proceso se atoró en desahogo de pruebas. El juez fue cambiado en tres ocasiones y los policías federales que los detuvieron y acusaron se negaron a acudir a los careos, pese a haber sido citados ocho veces.

Como pruebas a favor de los muchachos, la defensa presentó el Protocolo de Estambul independiente, una evaluación que permite conocer el grado de tortura que sufrió la persona, y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se reconoció tortura, incomunicación y la siembra de armas y drogas a los detenidos.

Además, mostró al juez las cartas de trabajo donde se indicaba que el día del atentado se encontraban en labores.

El viernes 7 de marzo de 2014, tres años y siete meses después de la detención las familias de los jóvenes se prepararon para recibirlos. En Tepic, Mayra y sus hijos vieron salir a un hombre alto y delgado, muy delgado.

Rogelio corrió a abrazar a sus hijos: a Rogelito, ya convertido en todo un niño de siete años, y a Ximena, que ya había dejado de ser bebé y tenía casi cuatro años. El reencuentro no fue sencillo ni como lo imaginaron. Su hijo estaba callado y un poco lejano, y su hija, para quien Rogelio era prácticamente un desconocido, huía de él.

Horas después de la salida, los cinco amigos de la infancia se reunieron en la Ciudad de México, donde dieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Uno de los abogados habló de la fabricación de culpables por parte del Gobierno de México para justificar la presencia del Ejército en las calles, y denunció las consecuencias emocionales en los jóvenes: estrés postraumático: pesadillas, miedo, desconfianza, recuerdos recurrentes, terror, dolores de cabeza, falta de apetito y cambios en su personalidad.

Rogelio, el único que habló ante las cámaras, pidió a los medios “contar la historia como es, sin amarillismo, porque unos medios nos siguen tachando de culpables de un delito que no cometimos”.

Libres, otras batallas empezaban: la primera, por la verdad. La verdad de su inocencia, porque si bien la PGR desistió de la investigación, no reconoció su inocencia ni la tortura que sufrieron.

Jorge A. Parral

Una búsqueda incansable

El sábado 24 de abril de 2010 a las nueve y media de la mañana, un grupo de hombres armados a bordo de catorce camionetas llegaron al puente internacional y aduanal en Camargo, Tamaulipas, y se llevaron a Jorge Parral, trabajador de Caminos y Puentes Federales (Capufe), y a Óscar García, fiscal de aduanas, privados de su libertad.

Jorge tenía treinta y ocho años cuando fue privado de su libertad. Se había licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas, en Puebla, donde estudió con beca. A Capufe entró a través de un examen de oposición y como reconocimiento lo enviaron a la frontera, una plaza codiciada entre los empleados. Desde 2003 trabajaba como administrador para Caminos y Puentes Federales.

Antes de llegar a Camargo, donde tenía dos años y medio, había estado en los puentes de Nuevo Laredo, Matamoros, Piedras Negras, San Juan y Las Flores. Para esas fechas Camargo era una zona que vivía constante violencia: decomisos, detenciones, balaceras y toques de queda de facto en las noches y en los días.

A Jorge la violencia le preocupaba tanto, que un día le escribió a su jefe inmediato, José Alberto González Karam, subdelegado de Operación de Capufe, para pedirle apoyo del Ejército y así garantizar la seguridad de los empleados y usuarios del puente. La oficina respondió que no le enviarían refuerzos por falta de presupuesto.

El sábado 24 de abril, días después de que le negaran el apoyo a Jorge, hombres armados a bordo de catorce camionetas llegaron al puente fronterizo arengando al aire: “Venimos por el panochón que pidió al Ejército”.

Sometieron a los trabajadores, robaron dinero de las cajas y destruyeron las cámaras de videovigilancia. Entraron a las oficinas y sometieron a una mujer. A gritos, le preguntaron quién era el encargado del puente. Ella respondió que el jefe estaba en su cuarto y señaló una habitación afuera de las oficinas, a donde se dirigieron.

El jefe era Jorge Parral, y ese sábado, su día libre, descansaba en su habitación acondicionada con cama en las instalaciones del puente fronterizo.

Los hombres armados lo sacaron a la fuerza y lo subieron a una de las camionetas.

Cuando fuimos al puente en Camargo a recoger su ropa, toda su habitación era un desorden; un trapo por aquí, otro por allá. Esa sensación de llegar y sentir… Sentí un aire como de muerte, de soledad, de abandono… un gran dolor. Y me hinqué y le prendí una veladora… Y le dije hijo ya estoy aquí. … … Esto es inenarrable. - Alicia Rabadán, madre de Jorge

La mañana del 26 de abril de 2010, un convoy militar compuesto por dos vehículos circulaba por la carretera federal de General Bravo-Reynosa cuando una persona les dijo que había movimientos sospechosos en el rancho El Puerto. Según la versión de los militares, hicieron caso a la denuncia y se dirigieron al rancho ubicado cerca de General Bravo, Nuevo León, a hora y media del puente internacional en Camargo, donde dos días antes dos empleados federales habían sido secuestrados por hombres armados.

El convoy de soldados entró al rancho y encontró a un grupo de hombres huyendo en distintas direcciones; calcularon cuarenta de ellos escabulléndose entre los matorrales y las veredas. Los soldados tiraron para evitar que huyeran y también para repeler la agresión, según sus versiones. Se dispararon más de setecientas balas. Los soldados registraron el rancho y encontraron a siete personas, tres de ellas amarradas de pies y manos, lo que les hizo pensar que estaban secuestradas. Los otros cuatro fueron detenidos, asumidos como criminales, según dijo el Ejército, lo cual resultó ser falso porque cuatro de esas personas dijeron en sus declaraciones que los militares las apresaron en el rancho Los Ramírez, ubicado a dos o tres kilómetros de distancia.

También encontraron a otros tres hombres desarmados. A uno de ellos, un soldado (o varios soldados, pues la PGR lo presume basándose en la declaración de los involucrados ante la Procuraduría Militar) le disparó en el abdomen, en el muslo, en la pierna izquierda y tres tiros más en el cráneo, la cara y el tórax. Luego le dio otros tiros en la cara y pecho a quemarropa, a menos de dos centímetros de distancia con su fusil Heckler & Koch. Los otros dos hombres también fueron asesinados.

Antes de retirarse, los soldados alteraron la escena del crimen colocando armas con los cartuchos abastecidos junto a dos de estos tres cuerpos.

La Secretaría de la Defensa Nacional boletinó el “evento” del rancho como un enfrentamiento y afirmó que se liberaron siete personas, se detuvieron a cuatro y que tres criminales murieron en el encuentro.

La desaparición y el asesinato de Jorge, de acuerdo con los archivos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se registró inicialmente en dos expedientes penales: la primera denuncia, que presentó la familia del otro funcionario aduanal secuestrado en el puente el mismo día de los hechos, y la segunda denuncia, hecha por Capufe a petición de la familia Parral, ambas presentadas en Reynosa. Posteriormente, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León inició una tercera investigación por los hechos en el rancho El Puerto, y una cuarta por el hallazgo de cinco cuerpos.

Luego, cuando Jorge Parral fue identificado entre las personas asesinadas en el rancho, las cuatro investigaciones se concentraron en la SEIDO de la PGR por el delito de secuestro con agravante de muerte en contra de las cuatro personas detenidas en ese rancho.

En 2014, por efectos de la recomendación 57/2013 de la CNDH, la PGR iniciaría otra investigación por el delito de homicidio, enfocándose en la responsabilidad del Ejército mexicano. Esta investigación quedó abandonada hasta 2016.

A Jorge lo sepultaron el 26 de febrero de 2011. La familia recibió un acta de defunción sin nombre. Los padres de Jorge enfrentaron un juicio civil y, diez meses después, obtuvieron el documento que acreditaba que Jorge existió y murió asesinado.

El señor Jorge Parral hace un recuento de la búsqueda de verdad estos diez años:

Durante 2010 solo recibimos promesas y promesas. Durante 2011 se hicieron algunas investigaciones incipientes. Durante 2012 fue andar el tramo para que la CNDH nos ayudara a conseguir justicia de violaciones a derechos humanos. Desde 2013 seguimos con las simulaciones en todos los órdenes de Gobierno incluyendo a la CNDH, que también simula sacar una recomendación y solamente incluye a dos autoridades, la Sedena y al Gobierno de Nuevo León, dejando a otras identificadas que fueron el inicio del problema de la muerte de mi hijo: Capufe y PGR. Todo 2013, 2014, 2015, nada. En 2016 la CNDH sacó otra recomendación, la 67/2016, en la que evidenció las violaciones de Capufe y la simulación de la PGR. En 2017, 2018, 2019 y 2020 ha sido insistir, presionar, buscar justicia fuera de México.

Cada año que pasaba nosotros íbamos teniendo una esperanza de que pronto llegaríamos a conseguir justicia para Jorge, pero no nos dábamos cuenta de la cantidad de mentiras que nos decían las autoridades de SEIDO. Nos daban expectativas, y al mes, a los dos meses, venía el desengaño. Eso nos fue desilusionando más y más. Año con año.