Las sanciones no han afectado el dominio militar en Venezuela
El dominio que tienen los militares sobre áreas que van más allá de la seguridad y defensa en Venezuela ha llegado a tal nivel, que las sanciones emitidas por varios países contra al menos tres decenas de altos jerarcas castrenses no afectan su permanencia en la estructura de poder del chavismo.
Al analizar el tema, el director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad de la Universidad Simón Bolívar, Luis Alberto Buttó, sostiene que los militares van a “seguir administrando la República” porque la autodenominada “Revolución Bolivariana” es un proyecto “pretoriano”, que se basa en la intervención de los uniformados en política, pues ellos se consideran “la élite mejor formada para dirigir los destinos nacionales”.
Por la emergencia humanitaria en Venezuela 42 países del mundo han emitido sanciones que, a mediados de 2018, ya alcanzan a 100 funcionarios de alto perfil, de los cuales 33 son militares de rangos superiores.
Buttó afirmó que se ha instaurado un “Estado cuartel” y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “se ha convertido en una corporación económica”. Agregó que es una estructura que no se vería afectada por las sanciones internacionales, ni siquiera ante una eventual transición o cambio de gobierno.
En 2017 Gobierno destinó el 0,003 % del presupuesto nacional a su organismo anticorrupción
El Cuerpo Nacional Contra La Corrupción (CNCC), creado en 2014 al inicio de la primera gestión de Nicolás Maduro, recibió una ínfima porción del presupuesto nacional de año 2017. El Estado le asignó 0,003 % a este organismo casi fantasma, que para ese año solo tenía un empleado fijo.
La cifra salta a la vista, en especial en un país que es el centro de la preocupación de la comunidad internacional, con sanciones severas a una centena funcionarios, y que -de acuerdo a nuestra organización- encaja en los criterios que definen la gran corrupción: participación del más alto nivel de gobierno en irregularidades en la administración de los recursos públicos, con vinculaciones internacionales, impacto en toda la región y en medio de una absoluta impunidad.
Gobierno se excusa en las sanciones para incumplir compromisos financieros
Las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Venezuela, así como las que han aplicado 42 países contra altos jerarcas venezolanos, le han servido al gobierno de Nicolás Maduro como excusa para dejar de cumplir algunas obligaciones, como el pago del servicio de la deuda externa.
El criterio es respaldado por Tamara Herrera, economista y directora de la consultora Síntesis Financiera, quien sostuvo que estas medidas extraordinarias, precipitaron el default y paradójicamente dieron cierto margen de maniobra al gobierno a la hora de manejar sus finanzas, bastante deprimidas. “Creo que el gobierno aprovechó las sanciones como excusa para incumplir con esas obligaciones”.
El gobierno arrecia persecución judicial contra chavistas disidentes en el exilio
El Gobierno, a través del Poder Judicial, se ha lanzado a la caza de connotados chavistas disidentes que están en el exilio, tales como la removida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y el exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, cuyas extradiciones ha reclamado a Colombia y España, respectivamente.
Entre el 16 y 17 de agosto de 2018, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia respondió afirmativamente a ocho solicitudes de extradición que el Ministerio Público intervenido por la Constituyente le presentó en los últimos días contra opositores y otrora dirigentes oficialistas, por su presunta vinculación en el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro o por hechos de corrupción.
Justicia a la medida para perseguir y encarcelar diputados
El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ha convalidado a tal punto los designios del Gobierno, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, que muchos opositores califican a esa instancia judicial como “el bufete de abogados” del jefe de Estado. Y es que el máximo juzgado ha sido instrumento para vaciar de funciones a otra institución como el Poder Legislativo y en especial para despojar a algunos diputados de las prerrogativas que les otorga la Constitución, lo que ha facilitado su detención y encarcelamiento.
Desde el 2010 se evidencia un ataque sistemático del Poder Judicial al servicio del oficialismo contra toda disidencia en el seno de la Asamblea Nacional, sede del Poder Legislativo. Ese año se registraron los primeros dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia que violentan el artículo 200 de la Constitución Nacional, a través de interpretaciones que modifican su contenido.
Ese artículo dice lo siguiente:
“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.”
La carta fundamental que rige el orden constitucional en Venezuela consagra la inmunidad parlamentaria como “una garantía del ejercicio autónomo de las funciones legislativas respecto de los otros poderes y como garantía para el mejor y efectivo cumplimiento de la función parlamentaria”
La Constitución es explícita en cuanto a que toda persona que atente contra esta prerrogativa de la cual gozan los diputados debe ser objeto de sanción:
“Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.
Los integrantes de la más alta instancia del país dieron una interpretación a una norma de rango constitucional a su antojo y sin que les temblara el pulso.