*En este proceso electoral han matado a 110 políticos: Etellek

*El más afectado es el PRI con 37 ejecuciones de candidatos

*Por inseguridad cierran empresas en Cd. Mante y Cd. Juárez

* No hay seguridad para candidatos, menos para votantes

Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

-Segunda parte --

CIUDAD DE MEXICO, Estados Unidos Mexicanos, 04 de junio de 2018.- La violencia política e índices de inseguridad se han disparado alarmantemente durante el proceso electoral de 2018, principalmente en zonas alejadas a la capital del país, donde la tecnología aún no llega. En veredas y caminos polvosos desprovistos de cámaras de seguridad, vigilancia policiaca y alumbrado público, han sido asesinados la mayoría de los 110 precandidatos y candidatos de todos los partidos, así como periodistas y ciudadanos, cuyos familiares claman justicia y un alto al peligro que se vive en México.

Rubén Salazar Vázquez, presidente de Consultoras de Riesgo Etellek, informó que tras iniciarse el proceso electoral en marzo de 2017 a abril de 2018 fueron ejecutados 78 actores del ámbito político municipal, exalcaldes y exregidores que buscaban reelegirse y dos diputados locales.

De finales de abril al 4 de junio fueron ejecutados otros 32 políticos, principalmente en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí.

Los últimos crímenes políticos, en mayo de 2018, fueron los de un alcalde de Hidalgo del PAN, un candidato a presidente municipal del Estado de México por MORENA, y otra a regidora de Chihuahua por el PRD, a un dirigente del PES e incendiaron la casa del líder de ese partido de esta última entidad, donde quemaron comercios y vehículos.

Abel Montúfar Mendoza, quien había solicitado licencia de su cargo como alcalde de Coyuca de Catalán para ser candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado local por el Distrito 17 de Guerrero, fue encontrado muerto en un camino de terracería, luego de ser secuestrado por un grupo armado.

Este fin de semana fueron asesinados otros cuatro candidatos a cargos de elección popular que contenderían en los comicios del 1 de julio de 2018, entre ellos Pamela Itzamaray Terán Pineda, hija de Juan Terán Regalado, jefe del cártel de Juchitán, Oaxaca, encarcelado desde abril del año pasado, y cuyos familiares, al levantar el cadáver de la aspirante a segunda consejal de la Coalición PRI-Verde Ecologista y Nueva Alianza a la presidencia municipal, advirtieron que vengaran su muerte, por lo que el resto de los aspirantes políticos suspendieron sus campañas electorales y exigieron seguridad para continuar su labor proselitista.

El recrudecimiento de la violencia política y la inseguridad han provocado el cierre de comercios y empresas, entre ellas la del grupo canadiense Pan American Silver Corporation, que instruyó el cierre de la Mina de Dolores en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el amago de grupos criminales en la región de la sierra, en los municipios de Madera, Gómez Farías e Ignacio Zaragoza entre otros, donde empleados y un contratista fueron asaltados en las brechas hacia la mina, donde no hay seguridad ni vigilancia, dejando sin empleo, temporalmente, a 1,800 trabajadores.

Lo mismo ocurrió en Ciudad Mante, Tamaulipas, el 3 de mayo de 2018 cuando la empresa Lala anunció el cierre de operaciones en esta ciudad, a causa de las condiciones de inseguridad que imperan en la zona, pese a que las instalaciones están ubicadas a menos de un kilómetro de las oficinas de la Policía Municipal.

En Tamaulipas, varias compañías locales han denunciado ser víctimas de extorsiones y cobros de piso, en lo que se considera una ola de violencia sin precedente. Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, el 70 % de las armas que llegan al país por los Estados Unidos, proceden de Tamaulipas.

Maki Esther Ortiz Domínguez, ex alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, que solicitó licencia al cargo, para buscar reelegirse como presidenta municipal de esa ciudad por la coalición parcial Por Tamaulipas al Frente, asegura que esa ciudad fronteriza es una tierra de contraste donde se vive el primer lugar en violencia en el estado, secuestros, homicidios, robo de autos, de casa, pese a que tienen cámaras de seguridad y vigilancia policíaca.

Pero, Reynosa también es la más industrializada de Tamaulipas, tiene casi el 80% de la industria de la entidad, el 60% de los productos perecederos que llegan a las mesas estadounidenses cruzan por Reynosa, tiene la industria maquiladora más fuerte del país, tiene además un potencial de recursos humanos que la hace un municipio facilitador con un déficit de necesidad de 15 mil trabajadores, porque aquí sobra el trabajo, asegura.

“En Reynosa vive la mejor gente de México, porque pese a la violencia a la que se enfrenta, se levanta todos los días para trabajar y vivir con dignidad. Es una tierra de contrastes, de oportunidades”, asegura la candidata Maki, al citar que la gente en Reynosa lucha todos los días por alejar a sus hijos de los vicios y las mafias.

Descarta que la pobreza sea el factor determinante de la violencia e inseguridad en el país y un ejemplo de ello es la rica y prospera Reynosa azotada por el crimen organizado.

De las 110 ejecuciones a políticos, sólo 3 corresponden a Tamaulipas; que tiene el mismo record de estos homicidios que San Luis Potosí y Guanajuato.

Colima, Durango, Morelos y Sonora sólo han registrado 2 ejecuciones de políticos cada uno.

Zacatecas, Tlaxcala, Chiapas, Baja California Norte, Tabasco y Nayarit sólo han tenido uno en cada estado.

Los más peligrosos para los políticos han sido:

Guerrero con 24 ejecuciones, Oaxaca 18, Puebla 13, Veracruz 8, Estado de México 7 y Chihuahua 5.

De los 110 crímenes a políticos locales 28 eran precandidatos y 13 candidatos registrados a puestos de elección. El resto eran aspirantes a cargos públicos y no lograron el registro, porque los mataron.

Adicionalmente 119 han recibido amenazas, por lo que de no dárseles seguridad seguirá la cacería de políticos y el número de ejecuciones de este tipo se acrecentará y tornará peligrosas las elecciones del 1 de julio de 2018, no sólo para los candidatos, sino para la población en general y para el personal que trabajara en las casillas de votación.

A la fecha se han documentado 382 agresiones globales contra políticos en 31 entidades y 252 municipios de país.

De los 110 políticos asesinados, 15 eran mujeres.

El partido político más afectado con esa “cacería” es el PRI, con 37 homicidios, siete de ellos registrados en Guerrero, seis en Oaxaca; y cinco en Puebla.