El terreno conocido como Vivero Santa Cruz Guadalupe, que consta de 46 mil 116 metros cuadrados fue entregado al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) como pago de la deuda de una banca particular, la que a su vez la adquirió de un empresario que no pudo construir en él debido al tipo de uso de suelo.
Lo anterior fue corroborado con base en documentación oficial en poder de este medio, la cual evidencia la serie de transformaciones sufridas en el vivero que se ubica en la zona de bulevar Forjadores y Calzada Zavaleta.
A lo largo de casi 50 años, el Vivero Santa Cruz Guadalupe fue utilizado como espacio de recreación para los habitantes de colonias como Independencia o la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, quienes acudían al terreno para disfrutar de las áreas verdes en su interior.
Todo esto cambió a partir de año 1989, cuando ocurrió la primera intentona de privatizar el predio. A partir de entonces, tuvieron lugar una serie de modificaciones tanto en los propietarios del vivero como en su área física.
En 1990 el vivero dejó de ser propiedad del gobierno para pasar a manos de un particular, quien años después lo dio en "dación" de pago a un banco para cubrir la deuda, pero debido a que el tipo del uso de suelo impedía su comercialización, la banca privada lo entregó al Fobaproa.
Del Fobaproa fue adquirido por la actual secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEE), Dahlel Lara Gómez, quien otorgó un poder amplio al empresario Pedro Maccise para que éste, en calidad de representante legal, decidiera todo lo concerniente al predio.
Maccise ha solicitado al menos en cuatro ocasiones el cambio de uso de suelo del vivero con el fin de construir viviendas "intensivas" en el lugar. Una de ellas ocurrió en 2005, siendo presidente municipal de Puebla, el priista Enrique Doger Guerrero.
Sin embargo, en este mismo número de ocasiones la intervención de los vecinos de la zona ha logrado que el intento de deforestación se venga abajo, no sin un importante número de consecuencias para la flora y fauna que ahí persisten.
De acuerdo con documentación del Registro Público de la Propiedad recabada por organizaciones sociales como Puebla Vigila, hasta el 2013 el legítimo dueño del Vivero Santa Cruz Guadalupe era Dahlel Lara Gómez, en ese entonces consejera electoral.
El Popular, diario imparcial de Puebla, consultó la postura de Lara Gómez sobre ese tema, la respuesta fue ofrecida por el encargado de despacho del área de Prensa del IEE, Felipe Flores, quien refirió que la funcionaria no deseaba emitir postura pública al respecto y aseguró que si bien el predio perteneció algún tiempo a su familia, en la actualidad ella ya no es la dueña, por lo que atribuyó la difusión de la noticia a "opositores políticos" que buscan desprestigiarla.
Sufre vivero tala hormiga en dos décadas
En el predio conocido como Vivero Santa Cruz Guadalupe se ha cometido de manera consuetudinaria un fenómeno conocido como tala hormiga, que a lo largo de 20 años ha cobrado la vida de entre 100 y 200 árboles de diferentes especies.
De manera reiterada, diferentes actores han cometido ecocidio en el área verde de más de 46 mil metros cuadrados ubicada en la zona de Momoxpan, entre bulevar Forjadores y Calzada Zavaleta.
Uno de los casos más difundidos de esta tala ocurrió durante el trienio del priista Enrique Doger Guerrero, cuando por solicitud del empresario Pedro Maccise se cambió el tipo del uso de suelo de Área Verde a Uso Mixto y se autorizó la tala de hasta 100 árboles.
Fue en ese entonces cuando se construyó el Fraccionamiento Santa Cruz Guadalupe, conjunto habitacional que ocupó 2.9 de las 4.6 hectáreas que abarca el vivero. El resto del terreno fue donado al Ayuntamiento de Puebla para que se consolidara como parque urbano, lo que nunca se hizo.
Posteriormente en 2013, ya con la administración del panista Eduardo Rivera Pérez, una nueva tala se llevó a cabo de manera clandestina, esta vez afectó a un número no preciso de árboles que de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil fue de entre 50 y 70.
En ese entonces la responsabilidad apuntó al presidente de la colonia Santa Cruz Guadalupe, quien sin potestad oficial autorizó el derribo de los árboles, lo que fue sancionado por la Comuna de Puebla.
Tanto en tiempos de Doger como de Eduardo Rivera, la justificación del empresario Pedro Maccise para solicitar el derribo de los árboles es que se trataba de ejemplares de Eucalipto, los cuales tienen cierto daño en la salud humana.
A partir de esto los propietarios del terreno se comprometieron a sustituir las especies derribadas por árboles de Ahuehuete, mucho más amigables con el organismo. Esta sustitución o reemplazo jamás se llevó a cabo.
El último de los episodios de tala inició el pasado 26 de septiembre, en las postrimerías del actual gobierno municipal.
En esta ocasión, el ojo de la opinión pública se ha centrado en el Ayuntamiento de Cuautlancingo, cuya administración autorizó presuntamente el derribo de hasta 400 árboles. Esta situación ha sido negada por el alcalde Félix Casiano Tlahque.
De acuerdo con regidores de Puebla y Cuautlancingo, hasta el momento no existe certeza sobre el número de ejemplares que se llegaron a derribar, pero los cálculos indican que estos fueron entre 50 y 100, lo que de ser cierto elevaría el saldo de la tala hormiga a más de 200 árboles podados.
Decreto deja sin efecto cambio de uso de suelo
El predio conocido como Vivero Santa Cruz Guadalupe, que en la actualidad es objeto de polémica, se encuentra protegido por el Decreto del 8 de abril de 1994 que deja sin efecto cualquier ley que actúe en su perjuicio.
Esto incluye el cambio del uso de suelo de área verde a área mixta que se llevó a cabo durante la administración del priista Enrique Doger Guerrero, quien autorizó su modificación a solicitud del empresario Pedro Maccise, apoderado legal del predio.
Dicha decisión generó la inconformidad de los ciudadanos que habitan las inmediaciones del vivero, pues con ella se abrió la puerta a la construcción de un conjunto habitacional de lujo, lo que fue repudiado por los pobladores.
Sin embargo, este cambio quedaría anulado en caso de que se hiciera válido el Decreto del 8 de abril de 1994, según el cual toda ley promovida alrededor del predio perdería efecto cuando se comprobara que actúa en perjuicio del área de más de cuatro hectáreas.
Esta anulación es el objetivo de organizaciones como Puebla Vigila, que desde hace al menos dos décadas ha encabezado la defensa del Vivero con la finalidad de preservar el patrimonio natural del mismo.
El Popular, diario imparcial de Puebla consultó la postura de Enrique Doger, quien fue candidato al Gobierno del Estado durante el pasado proceso electoral. Hasta el cierre de esta edición, la respuesta de Doger había sido nula.
Del mismo modo, se solicitó la postura del expresidente municipal Eduardo Rivera Pérez, bajo cuya administración estalló un nuevo escándalo debido a la tala no autorizada de árboles en el vivero.
Como se dio a conocer en aquel entonces (2013), el gobierno riverista se deslindó del hecho e inició acciones legales en contra de quienes llevaron a cabo el derribo de una cantidad aún no determinada de árboles.
Este posicionamiento fue reiterado para El Popular por funcionarios que participaron en el gobierno de Rivera Pérez. Una vez más, la participación de la sociedad civil organizada fue determinante para que la autoridad municipal interviniera en el hecho.
Ángeles Navarro, entonces presidenta de la organización civil Puebla Vigila, encabezó la protesta que se desarrolló en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal. Con cartulinas en la mano, un grupo de ciudadanos encaró a Rivera exigiéndole que detuviera la tala de árboles.
1989
Desde este año, vecinos de colonia como Santa Cruz Guadalupe, Independencia o Zavaleta han emprendido una cruzada ciudadana con el fin de preservar el predio conocido como Vivero Santa Cruz Guadalupe, hoy nuevamente en peligro de desaparecer.
Colonos enviaron una carta de denuncia al entonces gerente estatal de la Comisión del Agua, Héctor Pérez Morales, pues ya entonces se había pretendido desviar la afluente del Río Rabanillo.
1991
Los ciudadanos aprovecharon la coyuntura electoral de aquel entonces y se dirigieron ante el candidato Rafael Cañedo Benítez, quien buscaba la diputación de Puebla por el distrito II federal para que desde el Congreso promoviera acciones encaminadas a proteger el predio que hoy vuelve a ser el centro de la polémica.
1993
Dos años más tarde, ya como presidente municipal Rafael Cañedo fue buscado por vecinos de la colonia Independencia para que declarara al Vivero área natural protegida y adecuarlo como un parque público. En ese entonces una vez más la petición fue desoída.
1995
El 8 de octubre, el candidato a diputado local Carlos Palafox Vázquez fue buscado por lo que ya entonces era un Comité de Vecinos Organizados que tenía como dirigente al señor Higinio Romero Badillo. La petición era que desde el Congreso se blindara al vivero de intereses particulares futuros.
1996
16 de enero. La lucha de los colonos llegó a niveles más altos cuando los ciudadanos buscaron al entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz. En todos estos casos los documentos expedidos a la autoridad fueron recibidos y sellados, acompañados de promesas sobre la importancia de mantener las áreas verdes.
1999
15 de enero. Los ciudadanos enviaron una carta al presidente Ernesto Zedillo para que este pidiera a la Semarnat y la Profepa la declaración de área natural protegida de forma definitiva. Esa ha sido la instancia más alta a la que han apelado quienes bajo la batuta de organizaciones como Puebla Vigila y activistas como Verónica Mastretta han buscado hacer del vivero un espacio de recreación y esparcimiento.
2005
Aunque la batalla más fuerte inició cuando la administración de Enrique Doger Guerrero autorizó el cambio de uso de suelo en el predio a mixto, con lo que abrió la puerta no sólo al derribo de árboles sino a la intervención de la iniciativa privada.
De entonces a la fecha organizaciones ciudadanas se han encargado de rechazar la tala de especies en la zona que como bien han señalado los vecinos, se trata de una tala hormiga, pues no se sabe exactamente cuántos árboles han sido derribados desde 2005 a la fecha.
2011
Con Eduardo Rivera Pérez como alcalde ocurrió otro intento por construir un espacio habitacional en el vivero que conllevó la tala de diferentes especies, principalmente eucaliptos, los cuales fueron derribados bajo la justificación de que son dañinos para el ser humano.
2013
La solicitud de intervención ante Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera Pérez logró frenar lo que en el año 2013 ya era un escándalo que involucraba al empresario Pedro Maccise y a la entonces consejera del Instituto Electoral del Estado (IEE), Dahlel Lara Gómez, a quien se acusó de prestanombres.
Indefinición en los límites territoriales
El principal problema que atraviesa al ecocidio que tiene lugar en el Vivero Santa Cruz Guadalupe, es la falta de certeza sobre los límites territoriales entre Puebla y Cuautlancingo, que precisamente cruzan por este terreno.
De acuerdo con la regidora de la capital, Myriam Arabian, "no existe ninguna duda" sobre el municipio que al que pertenece el vivero. La cabildante afirmó que éste se ubica en terrenos que son jurisdicción de Puebla y remitió a acuerdos previos tomados entre ambas administraciones.
El regidor de Migración del municipio de Cuautlancingo, Rafael Ramírez, como la activista medioambiental, Verónica Mastretta, afirman que existe confusión en los límites, lo cual ha desembocado en la circunstancia actual del predio, donde la más reciente tala de árboles fue autorizada por el ayuntamiento que encabeza Félix Casiano Tlahque sin que al parecer tenga potestad para ello.
El pasado lunes 1 de octubre, la Secretaria de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) del Gobierno del Estado anunció que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por el derribo de árboles.
Corresponderá al Congreso de la entidad determinar qué funcionarios violaron la ley al autorizar una obra para la cual no tienen jurisdicción, aunque voces como la de Rafael Ramírez aseguran que cuando menos se deberían iniciar sanciones contra el director de Ecología municipal de Cuautlancingo, Jesús Silvano Piri Soto.
Vivero está dado de alta en la capital poblana: Claudia Rivera
El Vivero Santa Cruz Guadalupe está dado de alta ante el municipio de Puebla, dijo Claudia Rivera Vivanco, quien a partir del próximo 15 de octubre será alcaldesa de la capital del estado.
En entrevista, la presidenta municipal electa refirió que la mayor parte del vivero paga impuestos ante el gobierno de la capital, por lo que corresponde a Puebla autorizar cualquier modificación en relación con el terreno.
"Estamos en una zona limítrofe de uno de los puntos, pero en su mayoría y tengo entendido (con) la revisión de la documentación, está dado de alta en Puebla", sostuvo Rivera Vivanco al declarar que todos los gobiernos de la zona metropolitana deberán velar durante la próxima administración para que esta clase de ecocidios no sigan existiendo.
Rivera se refirió a la tala de entre 50 y 100 árboles cometida en el predio que se ubica en bulevar Forjadores, entre el Río Rabanillo y la Calzada Zavaleta, y aseguró que el gobierno municipal de Cuautlancingo, que encabeza Félix Casiano Tlahque, no cuenta con autoridad para haberla permitido.
"La controversia fue que haya sido Cuautlancingo quien haya autorizado la deforestación que se llevó a cabo", dijo la alcaldesa electa, quien aseguró que la próxima administración que encabece Guadalupe Daniel Hernández en aquel territorio se encargará de investigar el caso.
Félix Casiano Tlahque dijo que El Vivero se encuentra asentado dentro del municipio que él gobierna, aunque se deslindó de la autorización para la tala de los árboles, lo que puso una vez más de manifiesto el conflicto territorial que existe en esa zona.
También los regidores Rafael Ramírez, de Cuautlancingo y Myriam Arabian de Puebla, defendieron cada uno la pertenencia del vivero al municipio del que ellos forman parte.
Esta controversia por el territorio data de hace muchos años y fue ventilada durante las administraciones de Eduardo Rivera Pérez y Filomeno Sarmiento Torres, exalcaldes de Puebla y Cuautlancingo, respectivamente.
Registra Puebla 70% de déficit en áreas verdes
El municipio de Puebla presenta un déficit de áreas verdes de más de siete metros cuadrados por habitante, esto de acuerdo con estándares de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El organismo detalla que las áreas arboladas en cualquier metrópoli del mundo deben alcanzar un índice de cuando menos 10 metros cuadrados por habitante, mientras que en la ciudad de Puebla este indicador es de apenas 2.8 metros.
Lo anterior representa poco más de 70 por ciento de déficit, de acuerdo con el reporte más reciente del Sistema de Indicadores para el Desempeño (Sindes), que al cierre de 2017 calculó el número de metros cuadrados arbolados que hay por habitante en la cantidad referida.
Durante los últimos años, el municipio de Puebla ha incrementado su porcentaje de áreas verdes, pues el Sindes informó que en 2016 este indicador era de 2.1 metros cuadrados por habitante y en 2015 de 1.8.
Sin embargo, la ciudad aún no alcanza la meta de año 2013, cuando se reportaron 2.9 metros cuadrados de área verde por cada poblador de la capital. En esta variación influyen factores como la tala de árboles y la sustitución de parques por zonas inmobiliarias.
Proyectos como la construcción de paraderos de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que si bien, representan alternativas de movilidad, han sacrificado los espacios naturales en aras de mayores vertientes de desahogo de vehículos.
A esto se unen deforestaciones como la del Vivero Santa Cruz Guadalupe, ubicado en los límites de Cuautlancingo con Puebla y donde hace poco se autorizó la tala de hasta 400 árboles sin que hasta el momento exista certeza de quiénes son los responsables de dicho ecocidio.
Organizaciones medioambientales como Puebla Verde, que encabeza la familia Mastretta, han insistido en la necesidad de que en el municipio y su zona metropolitana se incrementen los espacios arbolados, pero en vez de ello, los gobiernos municipales han ido en retroceso al autorizar la tala indiscriminada de especies vivas.
Aunque en los últimos años, la conciencia ciudadana sobre los espacios recreativos y el cuidado de la ecología se ha fortalecido, en la capital del estado aún dista mucho por alcanzar la meta que plantean las Naciones Unidas.
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