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Bios Iguana: 25 años defendiendo al medio ambiente

Texto: Karen de la Torre / Imágenes: Luis Colchado

—¡Bájense caminando! —gritó una de las mujeres y golpeó fuerte con un palo el vidrio trasero de uno de los vehículos. Armadas con piedras y palos estaba tratando de ubicar a Esperanza Salazar. Bloqueban el único camino de Zacualpan, un pueblo indígena dividido a la mitad por la posibilidad de que se instalara una mina de oro, plata, cobre y manganeso.

Las mujeres tenían rodeados los dos carros en que viajaban los activistas y los funcionarios del gobierno federal.

Durante la mañana del 17 de junio del 2015 vocearon por el megáfono comunal que Esperanza había regresado; dijeron que esta vez la tomarían de las greñas y la arrastrarían por todas las calles. Esperanza es activista, coordinadora de Bios Iguana, una Asociación Civil medioambiental. Bios Iguana asesoraba a la mitad del pueblo que no quería que se instalara esa mina.

Las mujeres no reconocían a Esperanza porque antes de que terminara la reunión a la que había ido, en un acto proteccionista, un par de comuneras se colocaron detrás de ella, le tomaron el cabello y lo trenzaron. Sólo con eso la transformaron en otra persona. Hay que ver a Esperanza para saber que su cabello es su carta de presentación: rizado, esponjado, largo, gris y suelto.

Tres meses atrás las amenazas recrudecieron: alguien colocó en la entrada de Zacualpan una muñeca de trapo con el nombre de Esperanza escrito a tinta roja, además de cuatro mantas amenazando y rechazando a Bios Iguana. Desde entonces ningún integrante había regresado al pueblo.

Hasta este punto el conflicto en Zacualpan llevaba dos años. La división fracturó a las familias: entre primos y tíos se insultaban. En las calles de pronto había desgreñones. Las discusiones llegaban hasta las aulas de las escuelas: los niños forzosamente pertenecían a un bando.

Ese 17 de junio Bios Iguana estaba ahí en medio de la muchedumbre azorada porque la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, tenía que determinar si el riesgo en el que se encontraban los activistas era real. Había pasado un año desde que hicieron la solicitud de protección del mecanismo.

—Eso iba a ser un linchamiento, te lo estoy platicando de pura pinche suerte —me dice hoy Esperanza. Su piel está rojiza, nos hemos sumergido tanto en la historia que nos olvidamos del sol.

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El Estado de Colima se localiza en el borde olvidado del occidente mexicano; ya van dos años consecutivos que se gana el nombramiento del Estado más violento de la república. En últimas noticias, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en su informe 2016 lo coloca como la cuarta entidad federativa más peligrosa para dedicarse a defender el medioambiente.

Bios Iguana llevaba 27 años haciendo activismo ambiental antes de que se desintegrara. Esta historia comienza en noviembre de 1990 cuando Esperanza llegó a Colima para vender artesanías en la Feria de Todos los Santos. Fue el punto de encuentro de un grupo de voluntarios protectores de las arribazones de tortugas marinas, una actividad que se repitió durante varios años en el Chupadero Tecomán.

En 1997 se constituyó como Asociación Civil. Su nombre surgió de un proyecto de reproducción de iguanas que echaron a andar para que la gente dejara de comérselas arrebatándolas de su medio silvestre.

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—Bueno, voy a hablar como ex activista de Bios Iguana —me dice Gabriel Martínez, sin titubeo. Acaba de regresar a Colima con el plan de tener una vida tranquila y de bajo perfil. Salió de aquí amenazado de muerte, decenas de veces.

Gabriel Martínez y Esperanza Salazar son los dos integrantes de Bios Iguana que han permanecido en el grupo desde sus inicios, y los más mediatizados. Gabriel es todólogo: comerciante, quiropráctico, antropólogo, político y cuentacuentos. Es difícil entrevistarse con él porque siempre elige espacios públicos y de hecho, alguien siempre va a acercarse a saludarlo.

Tanto Esperanza como Gabriel me explican que en algún momento de la historia de Bios Iguana decidieron que algunos integrantes no fueran tan visibles para mantenerlos seguros.

Estamos bajo la sombra de una parota, esos árboles tropicales que alcanzan los 45 metros de alto, de copa frondosa —y elegante, esto hasta lo dice la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)—. Es un emblema para la agrupación: a finales de los 90s, por querer defender una parota de ser talada, Gabriel se ganó su primer denuncia penal.

Marchas, mítines, conciertos de rock. El delito de Gabriel fue allanamiento.

—Esa parota tenía más de 100 años y duró como otros quince. La tiraron muy en secreto. Con acciones así intentamos salvar otras parotas.

Parotas y otros árboles, iguanas, tortugas, tejones y otros animales. Además se les veía exigiendo el fin de las corridas de toros y la inclusión de estos al catálogo de animales protegidos por la ley estatal contra el maltrato animal.

En el año 2004 el grupo tuvo que mutar su estrategia de hacer activismo.

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Hay un pescador a la orilla de la laguna intentando prender el motor de su lancha, no lo logra y remando se dirige al interior. Pronto serán las 8 de la noche, ojalá tenga suerte y pesque algo.

La laguna de Cuyutlán está en el municipio de Manzanillo y es inmensa: 37 kilómetros de largo y mil 132 kilómetros de anchura media. Es el segundo cuerpo de agua más importante de la vertiente del Océano Pacífico. Según la CONABIO, hasta hace poco era la principal fuente de producción pesquera de Colima.

El pescador al interior de la laguna es vecino de la colonia Alameda. Hace dos años, aquí se suicidó un pescador. Aprovechando la cobertura mediática, sus compañeros culparon a las autoridades por haberlo dejado sin materia de subsistencia —como a ellos—. Tenía problemas económicos.

Días antes de que se quitara la vida, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, le decomisó su equipo por haber pescado especies deportivas. “No hay mucho que pescar”, declararon ante los medios.

Cerca de 300 personas de la Alameda aún mantienen sus hogares gracias a la laguna, o lo que queda de ella.

—Esta colonia empezó a levantarse contra la regasificadora desde el mero inicio. Vinieron los ambientalistas, Bios Iguana, se llamaban, les dijeron a los pescadores que ya no iban a pescar como lo hacían entonces y que el Manglar se iba a secar —me dice Mela, la presidenta de la Federación de Sociedades Cooperativas de la laguna de Cuyutlán; la mujer que lidera a los pescadores organizados.

Le pregunté si creía que Bios Iguana había tenido razón y me contestó que al año de instalada la regasificadora se “acabó” el camarón; le pregunté cómo era antes y me dijo que bastaba con estar dentro de la laguna “un ratito” para sacar un kilo que se vendían entre 80 y 100 pesos.

El escenario de esta conversación es la Terminal de Gas Natural Licuado que opera el consorcio KMS, “la regasificadora”, un proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad. Mela dice que es la mejor zona para pescar. Está prohibido que los pescadores se acerquen.

—¿De qué vive la gente?

—Mira, antes el ferrocarril dejaba muchos fierros, zapatas, y ahorita ya ni encuentras nada porque la gente todo se lleva y los vende por ahí.

La Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Federal de Electricidad, por el contrato de donación GDS/CD/07/2016, mensualmente dan a los pescadores de esta colonia arroz, frijol, lenteja, avena, aceite, pasta, leche en polvo, huevo, cereal, galletas, pan, azúcar y... atún, enlatado por supuesto.

La siguiente parada, a solo 650 metros de distancia de la regasificadora, es la vista hacia las monumentales esferas que construyó la empresa Zeta Gas para el almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo. “Ahí está el monstruo ese”, me dice Mela.

Esperanza me contó de esto, hay 20 esferas: 16 para gas licuado de petróleo y cuatro para gas propano. Estas esferas tienen una capacidad de almacenamiento de 3 mil 450 toneladas cada una.

Cuando Esperanza me contó de esta imagen, me advirtió que la tragedia de 1984 en San Juan Ixhuatepec, en el Estado de México, se ocasionó por menos: las seis esferas que explotaron tenían una capacidad de almacenamiento de entre mil 500 a dos mil toneladas cada una. Hubo 503 muertos, entre dos mil a cuatro mil heridos, miles de damnificados. Daños a 1.5 kilómetros a la redonda.

Ahora no sólo son esas 20 esferas que pueden distribuir 10 mil barriles de gas L.P. diarios, sino que también están los dos enormes contenedores de Gas Natural Licuado de la KMS. Es impresionante estar aquí.

Antes de finalizar el recorrido, Mela me lleva a un escenario más: es un acceso del humedal de la laguna de Cuyutlán que está completamente seco.

—Mi federación tiene una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contra quien resulte responsable por el daño ocasionado a la laguna, pero no avanza. He dado pruebas, con videos, y no sale de aquí de la PROFEPA del Estado. Yo lo que pido es que se aplique la ley, pero aquí parece que eso no existe.

Hasta el 2008 el humedal de la laguna era el cuarto más grande del país y representaba el 90% de los manglares del Estado. Señala la CONABIO que aquí hay comunidades de mangle blanco, rojo, negro y botón, los cuatro bajo categoría de protección especial por amenaza de extinción, además de criaturas en las mismas condiciones: ocelote, pato enmascarado y rascón cuello-rufo por mencionar algunos.

En el listado de fauna de la laguna de Cuyutlán, de la CONABIO, se encuentran especies en peligro de extinción como el ocelote “Leopardus pardalis”, el pato enmascarado “Nomonyx dominicus” y el rascón cuello-rufo “Aramides axillaris”. Además este es el hogar de aves, reptiles, anfibios, peces y mamíferos con categoría de protección especial.

Esta laguna es la “región prioritaria No. 40 para la conservación de los ambientes costeros y océanos de México” a decir por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en sus documentos para el cumplimiento del Convenio RAMSAR, firmado en Irán, al que México se adhirió en 1986 y que habla sobre conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

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El proyecto de reproducción de iguanas les resultó muy bien a los activistas, por eso buscaron un lugar para soltarlas. Vieron el manglar de la laguna de Cuyutlán como el espacio perfecto, pero al indagar sobre el espacio, se dieron cuenta de que estaba lleno de solicitudes para proyectos turísticos, portuarios e industriales.

El grupo se propuso tumbarlos. Estudiaron leyes en materia ecológica y encontraron precisa la Norma Oficial 022: antes de las modificaciones del 2004 decía que los manglares eran intocables.

La Administración Portuaria Integral de Manzanillo presentó el 14 de septiembre del 2004 su Manifestación de Impacto Ambiental para el “Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010”, la ampliación del puerto. Para el 29 de septiembre Gabriel Martínez ya había solicitado una consulta pública del proyecto.

—Fue la primera vez en la historia de Colima que se solicitó una consulta pública. Green Peace ya nos había invitado antes a un evento así y sabíamos qué hacer—dice Gabriel.

Bios Iguana logró detener la admisión de ese proyecto durante dos años, pero en el 2008, ya admitido, comenzó el exterminio la laguna de San Pedrito: 66.5 hectáreas de manglar, de acuerdo con la CONABIO. Bios Iguana denunció que en la MIA, la administración del puerto dio información falsa, dijeron que sólo destruirían la mitad, 30 hectáreas.

La acción de compensación aceptada —pese a los esfuerzos de Bios Iguana por que la administración escuchara a especialistas— fue introducir en la laguna del Valle de las Garzas 70 hectáreas de manglar.

La laguna del Valle de las Garzas sigue ahí, a 10 metros de lo que era la laguna de San Pedrito. Desde su mirador, se puede observar con claridad como los gaviones —bloques de piedras— están obstruyendo el paso del agua salada al humedal y el desplazamiento de las especies. Ambas son de vital importancia para la laguna.

En los archivos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no obra ningún expediente con motivo de alguna visita de inspección a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo en concreto a la laguna del Valle de las Garzas.

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En el 2006 el grupo intentó detener la edificación de la regasificadora, pero sólo logró posponerla dos años.

Es memorable el 5 de junio del 2007, cuando en medio de una manifestación por las modificaciones hechas al Programa Regional de Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca de la laguna de Cuyutlán, la joven Jannethe de 16 años, se acercó a Silverio Cavazos Ceballos, gobernador de Colima de ese entonces, y le dio un puño de billetes falsos hechos por Bios Iguana para preguntarle cuánto costaba para él la laguna de Cuyutlán.

Las modificaciones facilitaban la aprobación de la regasificadora.

Jannethe, junto con su madre Margarita Bataz, su hermana Yuridia Trejo, y otros dos vecinos de la comunidad de Campos: Benjamín y Rodolfo López, fueron detenidos y torturados al concluir la manifestación.

De acuerdo con el expediente CDHEC/293/2007, la Procuraduría General de Justicia del Estado sostuvo que la detención fue legal y negó cada uno de los hechos que denunciaron las víctimas. Las pruebas sentenciaron a la Institución: la Comisión de Derechos Humanos del Estado le recomendó que investigara y sancionara a los responsables. Esto nunca sucedió; tampoco hubo un reconocimiento público de responsabilidad.

“Nos sacaron del vehículo, pidiendo màs refuerzos a la Procuraduría, los cuales llegaron y nos empezaron a golpear, jalar del pelo, los pies, nos patearon, nos dijeron palabras obscenas, nos aventaron sobre la caja de la camioneta, yo gritaba pidiendo auxilio ellos alejaban a la gente, llamaron a radio- caliente, para decir que nos estaban deteniendo, llegaron patrullas de la policía como si fuéramos unos delincuentes, no estábamos armados ni les habíamos hecho nada, todo el camino gritaban, cállense; llegamos al Ministerio Público y con toda prepotencia me separaron de mis hijas, me metieron aun cuarto y me dijeron que me desnudara por completo , yo no quería y ella me dijo, que te lo quites te estoy diciendo, cuando termine de quitarme toda la ropa, me obligaron a hacer 3 sentadillas y que pujara, después me pidieron todos mis datos personales y me trasladaron a un cuarto completamente oscuro, con el piso todo mojado y con una ventana chica…” Se lee en la denuncia de Margarita ante la CEDH.

Por los proyectos en Manzanillo Bios Iguana interpuso al menos 12 acciones legales: amparos, juicios de nulidad, denuncias y recursos. Ante el clima de impunidad, llevaron el caso a la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte. Apenas en septiembre del año pasado el organismo señaló que los proyectos no debieron autorizarse porque eran contrarios a las leyes que estaban vigentes. Demasiado tarde.

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Advertencia: para ir a Zacualpan hay que peinarse. Si alguien grita que hay un “iguano” en el pueblo, se van a organizar para correrlo.

Dilva Peña Velázquez me cuenta que hace unos meses corrieron a unos estudiantes de la Universidad de Colima que hacían una investigación. La gente usó el megáfono para decir que los Iguanos habían regresado. Me dice que he tenido suerte.

Dilva es quien inició todo esto. En el 2013 coincidió en un posgrado con Vanesa Gómez, una integrante de Bios Iguana. Dilva por preocupación de su papá, le dio detalles de lo que estaba pasando en Zacualpan. Bios Iguana se interesó y subió al pueblo para dar información sobre las consecuencias de la actividad minera.

Asesoría, tras asesoría, los comuneros se empoderaron y decidieron formalizar su rechazo a la mina el 1 de diciembre, fecha en que estaba programada la siguiente Asamblea comunal. Sin embargo, unas horas antes de la cita, el comisario de Bienes Comunales de entonces anunció que se cancelaba.

El pueblo apabullado hizo la Asamblea de todas formas: acordaron destituir al comisario de Bienes Comunales y nombraron un Comisariado sustituto, además crearon el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio en Zacualpan para darle formalidad al rechazo de la mina. Resultó casi imposible hacer que la Procuraduría Agraria aceptara registrar esa acta.

La concesión de la mina, aún vigente, está a 800 metros de distancia del manantial de Zacualpan, el “Ojo de agua”; esta vertiente no nada más abastece de agua a la comunidad sino también a la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Al pasar tres meses sin el reconocimiento de su Asamblea, el 13 de marzo, de madrugada, el Consejo Indígena tomó las bombas de agua del sistema de abastecimiento: la población metropolitana tenía que abandonar su actitud apática y saber qué era quedarse sin agua.

Todavía, esta escena le saca las lágrimas a Dilva “de rabia”, dice ella misma:

—Vino Rogelio Rueda y le dijimos que queríamos reconocimiento y que se borraran las concesiones mineras.

Rogelio Rueda era el Secretario General de Gobierno, había ido al punto de la manifestación para negociar en representación del Gobernador. Tras su retirada vinieron una tanqueta y un grupo de antimotines para despejar las bombas de abastecimiento.

—Nos empujaron brutalmente —dice Dilva.

Desde entonces el grupo del Consejo Indígena denunció en repetidas ocasiones que el gobierno del Estado enviaba policías a Zacualpan sólo para amedrentarlos. Sin embargo, el grupo contrario al Consejo difiere de esta percepción:

—La fracturación aquí en la comunidad se da por la gente, algo que implica adueñarse de los terrenos y desconocer a las autoridades. Así como se apropiaron del Ojo de agua quisieron hacerlo con la Junta, por eso tenemos el respaldo de la autoridad estatal —dice Daniel Aranda, presidente de la Junta.

En teoría quienes deberían administrar el Ojo de agua son los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, órgano que está bajo el control del Consejo Indígena. No lo hacen, no pueden hacerlo. El grupo contrario, el que está instalado en la Junta lo tomó: instaló un campamento en la entrada y no permitió el paso a los turistas.

La última vez que el Consejo Indígena quiso recuperarlo, desde los cerros, el grupo contrario los apedreó. Hubo heridos y a pesar de que la policía estaba ahí: no detuvieron a nadie.

Recordaba al Ojo de Agua como un pequeño paraíso. Ahora está abandonado y destruido por el paso continuo de huracanes. Cerca del yacimiento hay un cadáver de res.

***

Mediante oficio el gobierno del Estado de Colima afirma que desde el 2014 envió dos radio-patrullas con cuatro agentes policiales en cada una. Admite que hubo “operativos de reacción”; en los que participaron agentes del Grupo Canino y de las Fuerzas de Reacción. En Zacualpan el gobierno hasta estrenó una tanqueta.

Aquel 17 de junio del 2015, Bios Iguana y los funcionarios del mecanismo no sólo estaban rodeados por gente de la comunidad, sino que agentes policiales estaban entorpeciendo su paso.

En su informe, al final de la expedición, los funcionarios del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas señalaron que la autoridad estatal era uno de los actores que ponía en riesgo a los integrantes de Bios Iguana y del Consejo Indígena. Específicamente señalaron a la policía estatal, municipal y ministerial.

Al determinar que el riesgo que corrían era extraordinario: con tipografía gruesa y en mayúsculas, les asignaron a los activistas y comuneros radios y botones de pánico.

Esperanza no se fue entonces, sino luego de que tres sujetos —en distintos momentos— tocaran insistentemente la puerta de su casa; los pudo monitorear gracias a las cámaras de vigilancia del mecanismo: el primero llegó en una camioneta negra sin placas traseras; el segundo iba cubierto con sudadera y capucha, increíble para el calor de Colima. El tercero llegó en motocicleta y esperó largo rato hablando por celular, Esperanza lo escuchó decir: “Es la casa, son las señas, pero no sale, ¿qué hago?”.

Esperanza se fue sin ayuda del mecanismo porque su protección no contemplaba enviarle a alguien para que saliera segura del Estado. En marzo pasado a pesar de que los miembros del Consejo aún no se sentían seguros, todas las medidas fueron retiradas.

***

Buscando la versión oficial tengo una entrevista con el ex Secretario General de Gobierno, ahora presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rogelio Rueda. Colima es de los cinco Estados de la república que nunca han tenido alternancia partidista.

—Bios Iguana, dice que el gobierno del Estado tuvo que ver con las amenazas de muerte y persecución contra ellos.

—Eso es absolutamente mentira, no hay un elemento para probar que el gobierno hubiera hecho algo así.

—¿Que no...?

El dirigente me interrumpe, detrás de su amplísimo y bello escritorio me dice que no es cierto, que no hay tal, que la versión de los activistas no se puede sostener porque en Colima no ha habido agresión alguna contra ninguna persona por hacer su trabajo político.

Hoy Bios Iguana no figura en Colima.

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