Un débil sistema de justicia enfrenta el crimen organizado: policías, fiscales y jueces están rodeados
Las instituciones del Sistema de Justicia Penal en Venezuela muestran deficiencias que le impiden desarticular las estructuras cada vez más complejas de delincuencia organizada, que encuentran terreno fértil en leyes que no se aplican y, además, que no protegen la integridad de los organismos ni de los funcionarios que deben investigar y aplicar sanciones.
En un estudio sobre temas la integridad y la rendición de cuentas de las instituciones de justicia penal, realizado en el contexto del Proyecto CRIMJUST se evidenció que los venezolanos no confían en sus policías, fiscales ni jueces.
Se trata de una iniciativa conjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), INTERPOL y Transparencia Internacional (TI), cuyo objetivo es contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en general y el narcotráfico en particular, en la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África occidental, de conformidad con lo dispuesto en instrumentos jurídicos de derechos humanos e internacionales.
Ex militantes del PSUV afianzan dominio en el Poder ciudadano
La cooptación de las instituciones por parte del chavismo no es algo nuevo. Sin embargo, en 2018 ha traspasado todos los límites en organismos como el Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del Poder Ciudadano.
Las designaciones de Tarek William Saab como fiscal general, primero; y más recientemente de Elvis Amoroso como contralor general de la República, por parte de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, han supuesto un paso más en la partidización del Estado. ¿La razón? Aunque hasta ahora todas las personas que dirigieron alguna de las tres instituciones que integran el Poder Ciudadano habían simpatizado con el oficialismo, solamente una había militado y conseguido un cargo de elección popular por el partido de Gobierno: La ex defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien antes de encabezar la institución encargada de velar por los Derechos Humanos fue diputada.
Sin embargo, en la actualidad dos de las tres sillas del Consejo Moral están siendo ocupadas por personas que integraron tanto el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como en el extinto Movimiento Quinta República (MVR) y además fueron abanderados en varios comicios por ambas organizaciones políticas del llamado chavismo.
La nueva Constitución: ¿la manzana de la discordia o el traje a la medida?
“No hay ningún proyecto de Constitución”. La sentencia es de Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, el cuerpo legislativo plenipotenciario impulsado por el presidente Nicolás Maduro, desconocido por gran parte de la comunidad internacional y rechazado por ilegal por la Asamblea Nacional en Venezuela.
Así Cabello, para muchos la figura representativa más importante de la estructura de Gobierno después del jefe de Estado, echaba por tierra las declaraciones que desde agosto venía ofreciendo Hermann Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre un proyecto de Carta Magna con 80% de avance, a partir de las propuestas de las 22 de ese órgano.
“No hay ningún proyecto de Constitución. Ideas sí hay, las comisiones están desplegadas en toda Venezuela, pero no existe nada plasmado (en papel)”, señaló en conferencia de prensa el 12 de noviembre el dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
TSJ avaló el uso del Petro, pese a que la Constitución solo reconoce el Bolívar como moneda
El Petro, la criptomoneda moneda creada por el Gobierno de Nicolás Maduro, recibió la bendición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que avaló su uso dentro del territorio nacional.
La decisión la tomó en la Sala Político Administrativa, en su sentencia número 1112 del 1 de noviembre de 2018, en la cual condenó al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) indemnizar por concepto de “daño moral” a María Elena Matos, una ex investigadora del organismo, con 266 petros; es decir 813.600 bolívares soberanos o 81,3 millardos de los antiguos fuertes, por un accidente laboral que sufrió en 1997 mientras trabajaba en las instalaciones del centro público.
En el dictamen redactado por el magistrado Inocencio Figueroa, el máximo juzgado justificó su resolución alegando que buscaba “proteger el valor del monto otorgado como indemnización por daño moral” y que la criptomoneda era la vía para ello, pues está respaldada por el barril de crudo “lo que garantiza su inmunidad frente a las acciones de desestabilización financiera que pudieran surgir contra la economía nacional”.
El fallo sin embargo parece obviar lo señalado por la Constitución, en su artículo 318, donde afirma claramente: “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar”.
La Carta Magna solo permite utilizar el Bolívar como moneda de curso legal para cualquier transacción económica dentro del territorio nacional y apenas permite un escenario para su sustitución: “En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República”.
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