caso práctico 12

AMPA del CEIP Ancha Castilla

Queja acerca de tres familias (no asociadas)

1ª familia

  • Pide información sobre cómo solicitar que su hijo, que cursa Educación Infantil-5 años (2016-2017), y tiene necesidades educativas especiales, pudiera quedarse un año más en Educación Infantil.
  • No han sabido informarla y está desorientada.
  • Nos facilitan su domicilio.

2ª familia

  • Recién llegada a Madrid, procedente de Toledo. Nos facilitan también su domicilio ("pared con pared").
  • Solicita escolarización de sus hijos en este Colegio, uno para 4º cuarto curso de Educación Primaria, admitido de forma directa porque la ratio del grupo-clase es de 1/20; y otro hermano para 2º curso de Educación Primaria, con ratio en el aula de 1/26, que no ha sido admitido.
  • La contestación de la Dirección del Centro es la imposibilidad legal de aumentar ratio, para el pequeño de los niños.

3ª familia

  • Madre de un alumno cuyos datos se aportan, ha presentado queja contra la conducta profesional de la Maestra del niño, reclamando la apertura de un expediente a la misma, y pide que no vuelva a comportarse de manera agresiva con los niños que tiene a su cargo.
  • Describe comportamiento brusco y agresivo hacia su hijo, alumno de 6º curso de Educación Primaria, porque el día 27 de febrero de 2017, durante una actividad escolar, regañó a su hijo y le cogió del cuello, provocándole un arañazo y un cardenal (adjunta fotografía como prueba e informe médico de lesiones del servicio de urgencias del Hospital Gregorio Marañón).
  • También manifiesta que el año anterior, por las mismas fechas, le dio una “colleja” a su hijo; presenta en su escrito copia de la reclamación, similar, que entregó en el propio Colegio el día 28 de enero de 2016; y sobre lo que no tuvo contestación.

Vamos a reflexionar, y analizar a fondo el caso.

Ámbito/s profesional/es del CASO PRÁCTICO

Resolución de 20 de julio de 2016 de la Viceconsejería de Ordenación Educativa. Plan General de Actuación de la Inspección Educativa. Curso 16-17:

  • Áreas de interés prioritario: 1. El control y supervisión de la organización y el funcionamiento de los centros / 2. La mejora de la convivencia escolar. / 3. La evaluación de alumnos, centros, profesores y equipos directivos. / 5. La colaboración con los otros servicios y unidades de la Administración educativa para la mejora de la calidad educativa.
  • Actuaciones habituales: A.a. Supervisión de la documentación administrativa. / A.b. Supervisión de los aspectos organizativos de los centros. / A.e Supervisión de la atención a la diversidad: planificación, seguimiento y evaluación. / A.h. Supervisión del cumplimiento de las obligaciones laborales. / B.d. Participación en la evaluación y el seguimiento del profesorado. / B.c. Participación en la escolarización del alumnado. / C. b. Asesoramiento a profesores, padres y alumnos con especial atención a los casos de conflictos de convivencia y acoso escolar. / C.c. Atención a los miembros de la comunidad educativa en los Servicios de Inspección.
  • Actuaciones incidentales: Punto 4.4

Normativa específica

AMPA:

FAMILIA 1:

FAMILIA 2:

FAMILIA 3:

ACTUACIÓN DEL INSPECTOR

Justificación o razonamiento de las técnicas seleccionadas

- La necesidad de verificar, mediante la acción inspectora, el cumplimiento de las obligaciones legales:

  • para que el AMPA represente a los padres pertenecientes a la comunidad educativa;
  • para autorizar la permanencia de un año más en el 2º ciclo de Educación Infantil;
  • para escolarizar alumnado durante período extraordinario, y para autorizar el aumento de ratio;
  • para comprobar, en el marco de una posible agresión, y si los hechos del imputado son constitutivos, o no, de infracción administrativa o delito.

- La identificación de posibles incumplimientos normativos, a través de la recopilación de datos y pruebas.

- La propuesta específica para la toma de decisiones de la Administración educativa.

CONCLUSIONES

AMPA:

  • La Ley Orgánica del Derecho a la Educación recoge en su Artículo 5.2.a que las asociaciones de padres de alumnos asumirán, entre otras, la finalidad de asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos, al igual que el Real Decreto 1533/1986 por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos, en su artículo 5. Asimismo, el artículo 119.4 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 explicita que los padres y los alumnos y alumnas podrán participar también en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones; de lo que ya se desprende que el AMPA representa también a familias no asociadas, y tiene capacidad de obrar y representar. Esto se confirma con lo contenido en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 39/2015. Asimismo, el artículo 3, indica que los propios denunciantes, por acreditar interés legítimo, también ostentan capacidad de obrar.
  • No obstante, el RD 82/1996 en su artículo 55.2.b indica que las asociaciones de padres de alumnos podrán informar al consejo escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren oportuno, en conclusión la queja que nos ocupa debería haber pasado con anterioridad por el consejo o su presidente, en la figura del director de centro. Se debe por lo tanto, comprobar si ya el centro tenía conocimiento de los hechos relatados en la queja, o si por el contrario el AMPA la ha trasladado directamente fuera del centro. ¿A la DAT o al SIE?. Se desconoce dónde ha sido presentada la queja, por lo que debemos canalizarla por la vía orgánica a través de la DAT. Esto iniciaría el procedimiento administrativo de oficio (recogido en el artículo 58 de la Ley 39/2915).
  • En este caso concreto se podría iniciar el procedimiento administrativo por denuncia, toda vez que se cumpla con lo contenido en el Artículo 62.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo, en el que se detalla que las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. De aquí nacería la obligación de verificar la identidad del interesado (representante de la AMPA que interpone la queja), según lo estipulado por el artículo 9.1 de la Ley 39/2015).
  • En el escrito que nos ocupa faltarían datos necesarios para proceder a su iniciación, y se facilitan, sin embargo, otros no necesarios que violan el Artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos que estipula que los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, Y se desconoce se dispone además del consentimiento inequívoco del afectado que reclama el artículo 6.1 de la mencionada Ley.

FAMILIA 1:

  • Debe averiguarse si el alumno no ha agotado ya la vía de la permanencia. De este modo, la DAT Madrid-Capital podría autorizar, con carácter excepcional, la permanencia un año más en el segundo ciclo de Educación Infantil por ser alumno con necesidades educativas especiales, y siempre que se considere beneficioso para alcanzar los objetivos de la etapa así como para su aprendizaje y su integración social y educativa, como indica el artículo 12 de la Orden 1493/2015.
  • El mismo artículo señala la documentación preceptiva que debe presentar el director del centro a la DAT para solicitarla durante el último trimestre del curso escolar. La que sigue: Informe psicopedagógico actualizado (según Anexo I de la Orden 1493/2015). Informe motivado del tutor y del equipo docente (según Anexo III). Conformidad de los padres o tutores legales con la propuesta (según Anexo IV).
  • Debe clarificarse también si quien informó no formaba parte del equipo directivo o del profesorado del centro, para orientar a la familia sobre a quién debe dirigirse en futuras ocasiones.
  • Si lo era, y la información aportada era la correcta, aportar información extra y clarificadora del protocolo a seguir.
  • Si no se había informado adecuadamente, el profesorado del centro habría tenido una conducta negligente. Se infiere la responsabilidad última del director, y la opción de utilizar la vía preferente del requerimiento para subsanar. (En caso de tipificar falta: RD 33/1986, artículo 8.e falta leve "El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave").
  • La dirección del centro, el tutor de alumno y su profesorado en general, tienen la obligación de informar a la familia y conocer el procedimiento legal, según viene recogido en el artículo 54 puntos 4 y 8 del RDL 5/2015 TR-EBEP. Asimismo, el marco normativo educativo regula la obligación del funcionario a informar y el derecho de las familias a ser informados y asesorados.

FAMILIA 2:

  • Se trata de una escolarización que se produce directamente en el centro en período extraordinario.
  • El Decreto 29/2013, de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid, garantiza en su artículo 4 a los padres el derecho a escolarizar a sus hijos en el centro de su preferencia. En el artículo 12.2 indica que cuando se produce la incorporación al sistema educativo de la Comunidad de Madrid, una vez iniciado el curso escolar, por traslado del domicilio familiar podrán presentarse, de igual modo, las solicitudes de admisión en el propio centro o en el SAE.
  • El mismo decreto en su artículo 14 posibilita recurso de alzada o reclamación ante el correspondiente Director de Área Territorial, si no se estuviere de acuerdo con las decisiones tomadas. Se encuentra también contemplado en el artículo 15 de la Orden 1240/2013.
  • La Orden 1240/2013, también señala en su artículo 16.2. que cuando concurra alguno de los supuestos y situaciones para participar en el proceso extraordinario de admisión que aparecen recogidos en el artículo 12, apartados 2 y 3, del Decreto 29/2013, de 11 de abril, del Consejo de Gobierno, de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid, las familias podrán participar en el mismo.
  • De este modo, el alumno de 4º curso ya ha sido admitido en el centro. Es su hermano menor, al que no le ha sido concedida plaza. No procede derivarlo al SAE, salvo que la familia lo solicitara ejerciendo su derecho contemplado en el artículo 12.3 del Decreto 29/2013. (Si actuara el SAE su competencia se fundamentaría en la Instrucción tercera, apartado 6 de la Resolución conjunta de 26 de noviembre de 2016). Es el director, por tanto, quien debe cursar propuesta a la DAT sobre posible subida de ratio.
  • Aunque el Real Decreto 132/2010 en su artículo 11 recoge que los centros de educación primaria tendrán, como máximo, 25 alumnos por unidad escolar, el aumento de ratio para escolarizar al hermano menor en segundo de primaria, viene contemplado en el artículo 87.2 de la LOE/LOMCE (modificado por la disposición final séptima de la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia) que las administraciones educativas podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria .
  • De igual modo, La Ley 26/2015, en la misma disposición final séptima modifica la Ley Orgánica 8/2013, redactando el primer párrafo del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, del modo que sigue «Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, renta per cápita de la unidad familiar y condición legal de familia numerosa, situación de acogimiento familiar del alumno o alumna, y concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga carácter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artículo.»
  • Por este motivo, cabe aconsejar al director la puesta en marcha de actuaciones para solicitar la ampliación de ratio. Se pueden esgrimir como motivos: 1. El Decreto 29/2013, Artículo 9.2.a criterios de admisión, existencia de hermanos matriculados en el centro; 2. La Ley 26/2015, Disposición final séptima, por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales; 3. y finalmente, por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales. (Artículo 87.2 LOE).
  • La competencia final para subir la ratio pertenece a la DAT según lo estipulado en el artículo 5 del Decreto 29/2013.
  • El desconocimiento de la norma y el no seguirla por parte del director, es una conducta no diligente. Se podría utilizar la vía preferente del requerimiento para subsanar. (En caso de tipificar falta: RD 33/1986. Artículo 8, falta leve d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.

FAMILIA 3:

  • Se toma en consideración en primer lugar el interés superior del menor otorgado por el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como los principios rectores de la acción administrativa recogidos en el artículo 11.2 a), d), i). Se deberá poner en conocimiento de la dirección del centro, y consultar si hay más alumnos o familias que hayan referido situaciones similares.
  • Tanto la “colleja” del año anterior como el “arañazo” y el “cardenal en el cuello” serían constitutivas de delito si existiera denuncia. En el caso de la “colleja” se consideraría agresión sin lesión. En el caso del “arañazo” y el “cardenal” serían lesiones leves tipificadas en el informe médico, aunque no consta que hayan precisado de tratamiento médico posterior. En cualquier caso, se tipificaría, por todos ellos de forma acumulada, la falta grave redactada en el artículo 7.1.c, sin perjuicio de lo cual, y aplicando lo contemplado en el artículo 96.3 del TR-EBEP, la sanción podría agravarse a tomar en consideración la reiteración.
  • Es de vital importancia en este caso el cotejo del registro de entradas del centro para comprobar que el 28 de enero de 2016 se comunicó la situación al centro. Si se recibió la reclamación, la dirección se convertiría en responsable según el artículo 13 del RD 33/1986 al encubrir "faltas consumadas muy graves y graves cuando de dicho acto se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos". De este modo, su falta podría tipificarse como falta grave atendiendo al artículo 7.d del RD 33/1986, o como muy grave según el TR-EBEP en su artículo 95.2.g. La graduación final que se decida tanto para la falta como para la sanción, deberá atender al artículo 96.3 del TR-EBEP, y el artículo 84.2 de la Ley 1/1986 de Función Pública de la CAM.
  • El mismo RD 33/1986 permite en su artículo 28 acordar previamente la realización de una información reservada. Dependiendo de las indagaciones de la información reservada se decidirá la pertinencia o no de incoar expediente a la maestra. Podría haber incurrido en falta grave tipificada en el artículo 7.c del mencionado RD.
  • En este momento todavía no hay ningún procedimiento disciplinario abierto, por lo que no sería de aplicación el artículo 23 del RD 33/1986 a los efectos de dar comunicación del posible delito a la DG RRHH, que a su vez lo trasladarían a la Fiscalía.
  • No obstante lo anterior, cabría indicar aquí que la existencia de un informe médico de lesiones, presupone que la Fiscalía de Menores ya conoce el caso, tras la aplicación del artículo 14 de la Ley 1/1996 (modificado por art. 1.9 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). Si así fuere, se detendría nuestra actuación.
  • Si se demostrara falsa la denuncia cabría incoar expediente al alumno siguiendo el Decreto 15/2007 artículo 14: “ Son faltas muy graves las siguientes: Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás personal del centro”. (En caso de que la madre denuncie lo que su hijo le relata). O derivar para proceder a la imputación por delito de falso testimonio a la progenitora.
  • Acerca del informe médico y la fotografía que se aportan como prueba, se adjuntarán al Anexo del Informe que se enviará a la directora de Área Territorial.

PROPUESTAS

GENERAL:

  • Comprobar si el centro tenía conocimiento de la queja presentada y su contenido.
  • Re-encauzar la queja por la vía orgánica a través de la DAT.

AMPA:

  • Verificar la identidad de los interesados.
  • Asesorar acerca del uso necesario o no de los datos personales.

FAMILIA 1:

  • Asesorar al Director para que convoque a la familia a una reunión para informarles correctamente junto al orientador del centro.
  • Comprobar la fecha de la reclamación y la existencia o no de los documentos necesarios para la tramitación de la permanencia.
  • Comprobar si hubo o no negligencia a la hora de facilitar información a la madre.
  • TIPIFICACIÓN DE LA FALTA: DIRECCIÓN (COMO RESPONSABLE ÚLTIMO): Leve: RD 33/1986. Art. 8.e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave. Prescripción de la falta: 6 meses. Prescripción de la sanción impuesta: 1 año.

FAMILIA 2:

  • Informe FAVORABLE para: Admisión del alumno en 4º curso.
  • Vía preferente, requerimiento para subsanar, orientando al director acerca de las actuaciones que debe llevar a cabo para solicitar aumento de ratio en 2º curso de modo que se escolarice al hermano también en el mismo centro.
  • TIPIFICACIÓN DE LA FALTA: DIRECCIÓN: Leve: RD 33/1986. Art. 8.d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones. Prescripción de la falta: 6 meses. Prescripción de la sanción impuesta: 1 año.

FAMILIA 3:

  • Iniciación de procedimiento de información reservada. Según los resultados de las indagaciones incoar o no expediente a la maestra.
  • Notificación a la madre denunciante de su derecho a formular denuncia judicial (si no se hubiese producido ya), en cuyo caso la conducta de la maestra se valoraría por esa vía.
  • Comunicación a la madre de que en caso de falsedad de testimonio podría incurrir en un delito, o en falta para su hijo.
  • Consideración de apertura de expediente disciplinario al director si se probase que ha encubierto la conducta de la maestra. para averiguar la actuación con respecto a esta maestra ante la queja de la madre.
  • TIPIFICACIÓN DE LA FALTA:
  • DIRECCIÓN: Grave: RD 33/1986. 7.d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados. Prescripción de la falta y la sanción: 2 años. / Muy grave: TR-EBEP Art 95.2 g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. Prescripción de la falta y la sanción impuesta: 3 años.
  • MAESTRA: Grave: RD 33/1986. Art. 7.c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados. Prescripción de la falta y la sanción: 2 años. / Delito: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. TÍTULO III De las lesiones. Artículo 147.
  • ALUMNO: Muy grave. Decreto 15/2007, artículo 14.1 Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás personal del centro. Prescripción de la falta y la sanción: 12 meses.

Se realizará informe dirigido a la directora de Área Territorial Madrid-Capital incluyendo las propuestas motivadas y fundamentadas.

¡GRACIAS!

Yolanda y Mara

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