'Panama Papers' #Ecuador

El prestigioso premio Pulitzer 2017 fue entregado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por su investigación 'Panama Papers'. La publicación inició en abril del 2016 y sus capítulos aún se escriben. Tomando como base una serie de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca se develó cómo políticos, empresarios, deportistas, líderes de opinión, artistas... ocultaban bienes y capitales en empresas off shore localizadas en paraísos fiscales. En muchos casos para ocultar dinero producto del cometimiento de delitos. En Ecuador, Diario EL COMERCIO, con los periodistas Arturo Torres, Andrés Jaramillo y Alberto Araujo, fue parte de esta investigación.

Por: Andrés Jaramillo C.

Una de las críticas que hicieron a la investigación de los 'Panama Papers' es que se enfocó en funcionarios públicos. En Ecuador, incluso, las autoridades del Gobierno intentaron posicionar la idea de que hubo un interés político; que se hizo con el fin de desprestigiarlas y se intentó abrir una investigación a los periodistas que participamos, en lugar de indagar a los principales involucrados. ¡Falso! Precisamente la parte en la que tuve el honor de participar fue sobre un grupo económico privado del país. Cientos de ecuatorianos habían entregado fuertes cantidades de dinero a una empresa inmobiliaria de este grupo, con la esperanza de adquirir una vivienda propia. La firma, de repente, dijo a sus clientes que atravesaba una crisis económica y que no podía responder por el dinero que había captado. Los Panama Papers permitieron descubrir que mientras eso les decían a los afectados, losdirectivos enviaban millones de dólares a empresas off shore en el extranjero.

Caso Grupo Ortega

Publicado el 6 de abril del 2016

El sueño de tener casa se volvió una pesadilla para 990 familias

Víctor Barahona, afectado, en el sitio donde iba a construirse su casa. Foto: Andrés Jaramillo / EL COMERCIO

La maleza creció tan alto que un niño fácilmente podría desaparecer en el terreno baldío. Ahí debía construirse Veranda del Río, uno de los cuatro proyectos inmobiliarios que la empresa Terrabienes promocionó en el norte de Guayaquil. La empresa esperaba vender 1 200 viviendas en total y hasta el 2015 persuadió a 990 familias para que las compraran.

Sus firmas y el detalle del dinero que entregaron como entrada o parte de las cuotas constan en los registros de la empresa que ahora están en manos de la Fiscalía y la Superintendencia de Compañías. Víctor Barahona, de 57 años, dio USD 45 317. Su casa iba a ser de dos plantas. Comenzó a pagar en el 2011 y se la debían entregar en el 2013. No ocurrió.

Él comenzó a preocuparse cuando en vez de avances de obra se encontró con excusas cada vez que visitaba la inmobiliaria y hablaba con los encargados de la comercialización. María Flor Cedeño fue una de las ejecutivas de ventas de Terrabienes desde 2008. Sus jefes –asegura- eran quienes les decían qué decir a los clientes para tranquilizarlos. Incluso recuerda que les hicieron memorizar un cuestionario. “Nos tomaban como lección. Decíamos que el IESS era el que se demoraba con los desembolsos o que la obra se paralizó porque el Municipio iba a construir un puente”.

Ella llegó a vender hasta seis casas en un solo día de feria a un precio que variaba según las características de las viviendas. En promedio costaban USD 60 000, aunque también se comercializaba los locales de un centro comercial que no se terminó de construir. “Era un proyecto muy atractivo”, reconoce Cedeño. Menos costoso en relación a los que se ofrecían en los alrededores; estaba en un conjunto cerrado (lo que daba más seguridad) y en un sitio clave, a solo diez minutos del aeropuerto de Guayaquil.

María Flor Cedeño fue una de las ejecutivas de ventas de Terrabienes desde 2008. Se convirtió en una de las afectadas. Foto: Andrés Jaramillo / EL COMERCIO

Cedeño hasta invitó a sus amigos y familiares a comprar una casa y en poco tiempo ella pasó de vendedora a cliente y luego, de compradora a afectada. Sus jefes le dieron facilidades para que comprara una casa y las cuotas –apunta- le fueron descontadas de su rol de pagos. Ganaba USD 2 500 y las comisiones por cada casa vendida eran para abonar a su vivienda, así como sus décimos.

Pagó durante nueve meses, hasta que sus clientes le advirtieron que la firma se encontraba con líos financieros. Decían que no tenía dinero para seguir con el proyecto, que el dinero había salido del país... La ejecutiva de ventas creyó que se trataba de rumores de la competencia. Dice que fue lo que sus jefes le dijeron. Pero luego todo resultó cierto.

Terrabienes ni siquiera había ingresado la solicitud para gestionar los permisos de construcción en el Municipio de Guayaquil, como consta en el expediente del caso. La Fiscalía recibió 770 denuncias.Aunque hubo quienes no pudieron formalizarlas como Francisco Talbot, de 47 años. El tiempo establecido en la ley para hacerlo se cumplió y asegura que tuvo que llevar su queja a la Defensoría Pública. Adjuntó las copias de los pagarés y contratos de mandato que le hicieron firmar a él y a su hermana por la entrada de la casa en 2010 y las cuotas que pagaron mes a mes.

Talbot cuenta que dio USD 21 000 y su hermana, casi 24 000. Seis personas fueron acusadas por estafa, en distinto grado de participación. Solo el presidente ejecutivo de Terrabienes Jorge Ortega Trujillo, de 60 años, fue detenido y el Octavo Tribunal de Garantías Penales Guayaquil decidió en primera instancia dictar 10 años de reclusión en su contra, el 4 de marzo pasado. Además, que se anulen los pagarés que la empresa pidió por las viviendas y la devolución del dinero. Esa decisión será apelada por la defensa, cuando se notifique la sentencia.

Hasta ayer 5 de abril del 2016 no llegó a su casillero. Durante todo el proceso, los afectados –agrupados en varios colectivos- han realizado plantones y marchas para exigir el pago de su dinero o la entrega de sus casas. “Jorge Ortega sabe que hay contratos incumplidos que se tienen que solucionar. Hay constructoras que nos han dicho que el proyecto es viable y nosotros hemos dicho que queremos solucionar”, señaló Mónica Palencia, su abogada. Él (Ortega) llevaba casi 18 años viviendo en Estados Unidos, vino a dar la cara”. La defensora explica que la iliquidez de Terrabienes respondió a varias causas. Una de estas es que la inmobiliaria estaba vinculada a otras empresas del Grupo Ortega que entraron en crisis. Seguros Bolívar, por ejemplo, que luego de 57 años de operaciones entró en estado de liquidación forzosa en junio del 2014. Tenía deudas pendientes con trabajadores, clientes y el Estado por USD 7,7 millones. Las pérdidas sumaban USD 800 000 hasta marzo de ese año.

Según Palencia, también influyeron los rumores de los clientes que restaron credibilidad a la institución. “A la hora de declarar en juicio dijeron: yo tuve conocimiento de un puente que iba a afectar las urbanizaciones donde se estaban haciendo los proyectos y yo mismo comencé a avisarle a otra gente para que pidiera la devolución de su dinero”. Pero durante el proceso, la Fiscalía descubrió que Terrabienes sacó del país alrededor de unos USD 7,9 millones al exterior en seis años. Fueron a empresas de EE.UU. y de Panamá que constan en la base de datos de la Superintendencia de Compañías como socias del conglomerado de firmas que tiene el Grupo Ortega Trujillo. “No es delito sacar dinero del país”, apunta Palencia.

Mónica Palencia, abogada de Jorge Ortega. Foto: Andrés Jaramillo / EL COMERCIO

Terrabienes pertenece al Grupo Ortega, que a su vez tiene ocho compañías en Panamá según el SRI y fueron creadas con la ayuda de la firma Mossack Fonseca (MF), involucrada en la investigación ‘Panama Papers’. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, MF creó empresas ‘offshore’ para facilitar el lavado de activos y la evasión. La firma, de su lado, señaló que no es responsable del actuar de los clientes a quien vende las empresas.

Terrabienes transfirió 7,9 millones a firmas en el exterior

Publicado el 5 de abril del 2016. Autor: Andrés Jaramillo Carrera

El Grupo Ortega maneja ocho sociedades en Panamá, según la última actualización del 2014 del Servicio de Rentas Internas (SRI). A ese emporio económico pertenece Terrabienes. Su gerente ejecutivo, Jorge Ortega, de 60 años, está recluido por estafa masiva. El 4 de marzo pasado, el Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas le dictó 10 años de cárcel. Y ordenó la devolución del dinero y la anulación de los pagarés y/o letras de cambio que firmaron los clientes por casas que no se entregaron. 990 personas pagaron parte o el total del costo de la vivienda.

Los detalles de las entradas y de las cuotas constan en los archivos de esa empresa, y reposan en manos de la Fiscalía y de la Superintendencia de Compañías, a los que este Diario tuvo acceso. De ese total, 770 formalizaron denuncia. Durante este proceso, que investiga también a otros cinco ejecutivos de Terrabienes, saltó el nombre de la firma Mossack Fonseca (MF). Fue la que ayudó a constituir las empresas que conforman el árbol societario de Terrabienes. Estas son ABP CORP American Bussines Promoters y Services International. Así constan en el registro de la ‘Súper de Compañías’.

Afectados en el sitio donde debía construirse el proyecto inmobiliario, en Guayaquil. Foto: Andrés Jaramillo / EL COMERCIO

La relación entre Terrabienes y Mossack Fonseca no llamó la atención en un principio, hasta que se conoció que el bufete panameño es investigado en países como Brasil, Panamá, España, Libia, Argentina, entre otros, supuestamente por la creación de empresas de papel para el lavado de activos y evasión, lo cual ha sido rechazado por la firma. Las pistas de este nexo salieron a la luz por una investigación que durante un año realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre las operaciones de MF en el planeta, reveladas el domingo. En ese trabajo se evidencia la creación de empresas vinculadas con 128 políticos y funcionarios públicos alrededor del mundo.

Terrabienes, entre el 2009 y el 2014, envió al exterior alrededor de USD 7,9 millones. La cifra resulta del cálculo hecho con base en el impuesto de salida de divisas registrado en el SRI. Según la Fiscalía, esos fondos fueron a sus compañías accionistas de Panamá y EE.UU. Aunque Jorge Ortega aclaró que solo a EE.UU. “Las compañías tenían inversiones y pasivos en el exterior. Toda la información la retiene el fiscal (a cargo del caso), pues no la ha devuelto”. Las empresas en el Ecuador -agregó- han tenido negocios inmobiliarios en el exterior. “Requieren de un capital que se invierte, se desinvierte y se reinvierte cíclicamente”. A Edy Espín, secretario del Comité de Perjudicados de Terrabienes, le sorprende que los ejecutivos dijeran que no tenían liquidez, cuando el dinero se enviaba al exterior.

“Por qué no lo usaron para cumplir con la gente perjudicada”. Mónica Palencia, abogada de Ortega, explicó que la “iliquidez transitoria” de Terrabienes respondió a diversas causas. Una fue “la crisis económica en las empresas Seguros Bolívar y Anglo Automotriz”. Las dos son del mismo Grupo Ortega. Sus líos financieros arrastraron a Terrabienes. Además -agrega- le afectó el estado de “alarma social” generado por los rumores. A inicios del 2015, por pedido de la ‘Súper’ de Compañías, se dictaron medidas cautelares contra las empresas del grupo. El argumento fue que “denotan en cuanto a su actividad operacional financiera, una ges­tión de gobierno similar en todas ellas, con evidentes visos de lesividad para el interés gene­ral de todos los operadores del mercado bursátil”.

Según el último informe de Grupos Económicos del país (2014) del SRI, los Ortega Trujillo administraban 42 empresas en Ecuador (no todas siguen activas) y ocho sociedades en Panamá conectadas entre sí. Por ejemplo, Terrabienes tiene en su árbol societario a ABP CORP American Bussines Promoters y a Services International Inc., que también constan en el de empresas del grupo como Cetitur, Espíritu Santo School, Terrahogar... En el 2013, el Grupo Ortega generó unos USD 225,2 mi­­llones y en el 2014 sus ingresos bajaron en 46%. La tendencia se mantuvo con la salida de capital. En el 2013 se enviaron unos USD 16,4 millones al extranjero y en el 2014 bajó a alrededor de USD 12,2 millones. Palencia recordó que no es delito sacar dinero al exterior. Jorge Ortega, de su lado, dijo que “de ninguna manera” se ha tenido conocimiento sobre las investigaciones en las que aparece el nombre de Mossack en otros países.

La compañía Espíritu Santo School, en Guayaquil, también es parte del Grupo Ortega. Foto: Andrés Jaramillo / EL COMERCIO

Además, con ese bufete no se mantienen negocios, pues fue contratado como agente de sus empresas. Para abrir una sociedad en Panamá, la Ley local obliga a tener una firma de abogados nacionales. Mossack Fonseca Internacional -en un cuestionario contestado a este Diario- aclaró que la compañía “no patrocina ni promueve actos ilícitos”. Como agente registrado -prosigue- nos limitamos a ayudar a incorporar las empresas, y antes de acordar trabajar con un cliente de cualquier forma, llevamos a cabo el proceso de debida diligencia. “Nos asegurarnos de que cada caso cumple y muchas veces supera las reglas locales, reglamentos y normas pertinentes que todos estamos obligados a acatar. En 40 años de operaciones nunca hemos sido acusados ni procesados por actos criminales. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos”.

El dinero de Terrabienes no se recuperará pronto

Publicado el 7 de abril del 2016. Autor: Andrés Jaramillo Carrera

Luego de 35 días de que se hiciera la última audiencia judicial del caso Terrabienes, el Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas notificó ayer 7 de abril del 2016, a las partes la sentencia. La sala declaró a Jorge Ortega, presidente ejecutivo de la inmobiliaria Terrabienes, responsable de presunta estafa masiva. Según la Fiscalía, a través de su empresa se pidió a sus clientes dinero a cambio de viviendas que no se entregaron en los plazos acordados. Ahora Ortega, de 60 años, enfrentará una condena de 10 años. Otras cinco personas acusadas están prófugas. También deberán pagar a los afectados por los daños y perjuicios ocasionados.

El tribunal dispuso que se anulen los pagarés y/o letras de cambio que se hizo firmar a las personas. Unas 990 familias constan en las listas de afectados que reposan en el expediente del caso. De ese total, 770 presentaron la denuncia formal. El proceso aún puede apelarse y pasar primero a la Corte Provincial y luego a la Corte Nacional. De ahí que como reconoce Raúl Llerena, uno de los abogados de los perjudicados, la devolución del dinero no será inmediata.

Francisco Talbot, de 47 años, fue uno de los afectados. Foto: Andrés Jaramillo / EL COMERCIO

Cuando esté en firme la sentencia -explica- hay que determinar exactamente cuántas personas son las perjudicadas y cuánto es el dinero que deben recibir por los daños ocasionados. Eso debe resultar de un informe y análisis técnico de los documentos que fueron confiscados a la empresa Terrabienes en 2015, por parte de las autoridades. Pero los afectados también deberán enfrentar otro problema. Terrabienes se declaró en iliquidez y no cuenta con dinero en efectivo para responder a los reclamos.

Llerena espera que los otros activos que tiene el Grupo Ortega, al que pertenece Terrabienes y también Jorge Ortega, puedan servir para cubrir las deudas. “Esos bienes son una fuente de respaldo”. Según el último informe de grupos económicos del Servicio de Rentas Internas, del 2014, los Ortega Trujillo constan con 42 empresas conectadas entre sí. Mónica Palencia, abogada de Jorge Ortega, dice que esa opción no es viable, porque el juicio se abrió en contra de Terrabienes y que por tanto las otras firmas no pueden ser involucradas, aunque en algunas conste como parte del directorio.

Palencia reconoce que la gente afectada tiene derecho a que se solucione su problema de incumplimiento contractual. “Me encantaría que pudiéramos sentarnos a conversar sobre las salidas. Hay una serie de financiamientos que se pueden reactivar y obviamente sería más fácil si Jorge Ortega estuviera en libertad”. Frente a la pregunta de por qué no se ofreció esa salida antes de que el caso se judicializara, Palencia responde: “Jorge Ortega siempre tuvo la voluntad de encontrar soluciones”.

En seis años, Terrabienes sacó del país unos USD 7,9 millones al exterior. Según la Fiscalía, a empresas de EE.UU. y Panamá. Aunque Ortega señaló que solo al primer país. En Panamá, el grupo Ortega tiene ocho sociedades que fueron creadas por la firma de abogados Mossack Fonseca. El bufete es señalado en Brasil, Argentina, Francia, Alemania, entre otros países, por crear empresas en paraísos fiscales.

Esto es una actividad legal, sin embargo, la investigación ‘Panama Papers’ divulgada el 3 de abril pasado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reveló casos de personajes que usaron ‘offshore’ para supuestamente ocultar bienes o evadir impuestos. Los ‘Panama Papers’ dieron las pistas de la relación entre el Grupo Ortega y Mossack Fonseca. Esa firma panameña aseguró que no son responsables de las actividades que hacen los clientes a quienes venden empresas en paraísos fiscales.

Caso la Ruta del dinero K en Ecuador

El nexo Báez-Ecuador se indaga en Argentina

Publicado el 12 de mayo del 2016. Autor: Andrés Jaramillo Carrera

El 5 de abril fue detenido Lázaro Báez (de negro), señalado por supuesto lavado. Foto: AFP

El 25 de agosto del 2010, Electro Ecuatoriana hizo una transferencia de USD 174 088,30. El destino fue la empresa suiza Helvetic Service Group S.A. (HSG). El dinero hizo dos paradas antes de llegar a su cuenta. La primera en la entidad financiera Unión de Bancos Suizos, en Lugano, Suiza. Luego en el Banco Clariden Leu. El movimiento captó la atención de las autoridades argentinas cuando Graciela Ocaña, diputada del partido político Confianza Pública, lo mencionó el 31 de marzo pasado. Entregó documentación sobre 99 movimientos financieros, por al menos USD 30 millones, a los jueces que indagan el caso la Ruta del dinero K. En este se investiga, entre otros empresarios, a Lázaro Báez, detenido en Argentina.

Él, según la Fiscalía local, supuestamente fue una pieza clave en una red de lavado de activos. 50 propiedades a su nombre fueron allanadas. En el expediente del caso se señala que Báez sacó fuertes sumas de dinero de Argentina hacia empresas suizas, como HSG, a través de unas 150 empresas ‘offshore’ creadas en países como Panamá y EE.UU., pero también en paraísos fiscales como Belice y las Islas Seychelles. Se crearon con la ayuda de Mossack Fonseca Internacional (MF), la firma cuyos documentos fueron filtrados y permitieron la investigación ‘Panama Papers’ del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La relación entre HSG y MF resultó del análisis de esos papeles, la mayoría en correos electrónicos. La Ruta del dinero K, según la Fiscalía, se iniciaba en Argentina. Se sacaban los recursos (de origen desconocido) a varios países y tras varias escalas llegaban a HSG, regresaban limpios a Argentina u otros países.

En Argentina se investiga si la firma ecuatoriana fue parte de ese entramado. Los inicios de Electro Ecuatoriana S.A.C.I. datan de 1864. Hubo una inversión de un grupo suizo con la casa Max Muller & Co. Para 1953, esa inversión se desagregó y se constituyó Electro Ecuatoriana S.A.C.I. Ofrece soluciones integrales en sectores de generación y trasmisión de energía, comercialización de equipos de movilidad y otros. Electro Ecuatoriana, en respuesta a un cuestionario enviado por este Diario, confirmó la transferencia de USD 174 088,30 (a HSG). Además, informó que la firma suiza fue su accionista desde julio del 2009 hasta diciembre del 2014. Según la empresa ecuatoriana, todo eso se notificó a las autoridades de control. Y se especificó que HSG era una compañía suiza domiciliada en Lugano, cuyos accionistas eran de Suiza y de Italia. La transferencia, agregó, fue por concepto de “utilidades, registrada en contabilidad, auditoría y en la entidad de control”. En la actualidad, según el registro de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, los socios con mayor capital de Electro Ecuatoriana están domiciliados en Panamá y Suiza.

Relación Báez-Kirchner Lázaro Báez es conocido como el ‘Empresario K’, en Argentina. Esto por su estrecha relación con los expresidentes Néstor Kirchner y su esposa Cristina de Kirchner. Había una amistad y un vínculo comercial. El expresidente Néstor Kirchner le dio el poder a Austral Construcciones, de propiedad de Báez, como inversor fideicomitente, para construir 10 de sus inmuebles. Eso consta en el acta del Directorio del 10 de junio del 2015. El ‘Empresario K’ logró, entre el 2007 y el 2015, contratos de obras públicas por unos USD 800 millones. Cristina de Kirchner ha dicho públicamente que son acusaciones falsas, que su fortuna es legítima y que es “perseguida política”. La expresidenta de Argentina, así como su hijo Máximo Kirchner, son investigados por presunto lavado de activos y omisión en declaraciones de bienes patrimoniales. Dos de sus propiedades fueron allanadas en busca de pruebas.

Los ‘Panama Papers’ aportaron más pistas del caso. La firma M.F. Corporate Services, representante de Mossack Fonseca I., ayudó a crear las empresas ‘offshore’ de la Ruta del dinero K en Nevada, EE.UU. En ese país también hay una investigación abierta para determinar si esas empresas pertenecían a Báez y a otros empresarios. Según los ‘Panama Papers’, MF supuestamente intentó obstaculizar la investigación en EE.UU. MF envió correos electrónicos a sus clientes aconsejándoles que ocultaran cualquier dato que no quisieran entregar a la justicia. En ese correo se lee: “Reiteramos una vez más la sugerencia de no mantener ninguna propiedad y/o ningún otro activo de cada compañía”.

Y en otro, enviado el 8 de octubre del 2014, se dice a los clientes que contraten de forma individual abogados porque existe el riesgo de que se identifique a los propietarios de las sociedades y sus bienes. MF, a través de un comunicado, negó que se haya obstruido la labor de la justicia e intentó desmarcarse de su oficina en Nevada, al decir que funciona de manera independiente. Pero entre los socios principales de la oficina en Nevada consta Ramón Fonseca, según la Declaración jurada sobre propiedad de acciones nominativas. Él también aparece como socio de la matriz en Panamá.

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Publicado el 12 de abril del 2016. Autor: elcomercio.com

“A exigirles que revelen toda la verdad”. Ese mensaje fue publicado en Twitter por el presidente Rafael Correa, junto con la divulgación de los nombres de seis periodistas ecuatorianos que colaboraron en la investigación periodística del caso ‘Panama Papers’ y las cuentas de Twitter de cinco de ellos. El caso 'Panama Papers' es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que procesó 11,5 millones de documentos que develan la creación de sociedades off shore a través de la firma de abogados Mossack Fonseca. Entre los investigadores se encuentran los periodistas ecuatorianos Arturo Torres, Andrés Jaramillo y Alberto Araujo, de EL COMERCIO.

Captura de pantalla alerta Fundamedios / 12 de abril del 2016

Se suman tres reporteros de El Universo. Los tuits de Correa fueron reposteados en las redes sociales por funcionarios del Régimen como Patricio Barriga, expresidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) y actual titular de la Secretaría de Comunicación (Secom) de Carondelet. Esta tarde, Fundamedios denunció que los periodistas que formaron parte de la investigación han sido “reiteradamente hostilizados y estigmatizados en una campaña de verdadero acoso que debe cesar inmediatamente”. A continuación, parte del comunicado del organismo:

“En un hecho de suma gravedad el presidente de la República, Rafael Correa, a través de sus cuentas en redes sociales expuso los nombres, medios y cuentas de Twitter de cada uno de los seis periodistas que desde Ecuador aportaron en la investigación. "Las agresiones y ataques en redes sociales no se hicieron esperar". Por ejemplo, una usuaria escribió a uno de los periodistas de EL COMERCIO: 'Revela la verdad maldito, REVELA LA VERDAD CORRUPTO DE MIERDA! #PanamaPapers".

Otra cuenta afín al movimiento oficialista Alianza País (AP) difundió fotos de los periodistas. Varios comentarios en Facebook califican a los periodistas como "mercenarios", "ratas", "prensa corrupta" y "lacayos del imperio", entre otros. "Antes de esto, el Presidente, refiriéndose a los comunicadores y a la masiva filtración de documentos realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), escribió en la red social: "Casi un año pasaron buscando algo contra el gobierno ecuatoriano y no encontraron nada.

Ahora le toca a los ciudadanos: exijamos TODA la información. La lucha "selectiva" contra la corrupción sólo es... ¡más corrupción!", apuntó el Primer Mandatario a la vez que adjuntó un enlace de una publicación del medio estatal El Telégrafo en donde se hace referencia a cuentas en paraísos fiscales de personas vinculadas a la oposición y empresarios (aunque ese rotativo no tiene acceso a los documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca). El enlace lo publicó con la leyenda: Lo que no encontrarás en la prensa mercantilista.

A esto se suma el llamado que hizo, el 6 de abril, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Yolanda González, quien anunció en rueda de prensa que se ha identificado a cinco periodistas que formaron parte de la investigación de los 'Panama Papers' para exigirles entregar la información que esté en sus manos para iniciar investigaciones propias. Fundamedios rechaza y repudia estas acciones que evidencian el hostigamiento y la estigmatización desde el poder.

Al revelarse los nombres de los periodistas implicados en la investigación, son expuestos a una mayor vulnerabilidad que podría tener consecuencias nefastas, tanto para la integridad de los periodistas, como para la libertad de expresión. Fundamedios recuerda que la Corte y la Comisión Interamericana han establecido que las declaraciones estigmatizantes efectuadas por altos funcionarios públicos contra personas que ejercen su libertad de expresión pueden ponerlos en una posición de mayor vulnerabilidad relativa frente al Estado y determinados sectores de la sociedad. De igual forma, la repetición de estas declaraciones puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad, intolerancia y animadversión por parte de ciertos sectores de la población frente a estas personas”

Created By
Andrés Jaramillo
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