Tolerancia a la CORRUPCIÓN 12 años después

La resolución judicial de elevar a juicio la causa por las millonarias compras directas en Acción Social durante el gobierno de Oscar Castillo, y el fallo del Tribunal de Cuentas de multar a funcionarios por el desperdicio de comida destinada a asistencia social que terminó alimentando a chanchos durante el gobierno de Brizuela del Moral, se emparentan en muchas similitudes. Para empezar, ambos generan por defecto la observación sobre la demora monstruosa de los órganos de control y justicia en la resolución de las denuncias de corrupción. Ahora bien, aunque esta lentitud es innegable e inadmisible, a partir de estos dos hechos se puede ir un poco más profundo en el análisis de la tolerancia a la corrupción, en la que toda la sociedad tiene alguna responsabilidad.

En el caso de las compras directas de la ex Subsecretaria de Acción Social, la elevación a juicio se dispone 12 años después de iniciada la causa. La instrucción del fiscal señala que durante la gestión Víctor Brandán como subsecretario, dependiente del entonces Ministro de Salud Pablo Doro, se puso en funcionamiento un sistema de compras directas de artículos de asistencia social que beneficiaba a un grupo cerrado de proveedores. No solo que al no haber procesos de licitación la elección del proveedor era totalmente discrecional, sino que además muchos de estos habían iniciado su actividad comercial exclusivamente para venderle al Estado. Se calcula que el supuesto fraude al Estado sería por un monto superior a los $27 millones. A esa cifra se pudo llegar porque el por entonces gobernador Oscar Castillo, justificándose en la compleja situación social que atravesaba el país, elevó los montón permitidos para la adquisición directa de artículos de asistencia social sin necesidad de licitación. Decretó que dio luz verde a múltiples compras desdobladas y direccionadas por un monto final millonario. Que además se vincularon con la campaña electoral.

Por su parte, en la investigación por los alimentos de la asistencia social que terminó como comida de chanchos, el Tribunal de Cuentas se tomó 8 años para emitir un fallo. Según este, se encontró responsable a la ex Ministra de Desarrollo Social, Torres de Mansilla, de que gran cantidad de comida adquirida para la asistencia social terminara vencida y alimentando animales en un chiquero. Por los hechos, ocurridos durante el gobierno de Brizuela del Moral, se ordenó que la ex funcionaria devuelva 24 mil pesos al Estado.

Aparte de que la elevación a juicio de una causa y la disposición de la multa en la otra ocurrieron con diferencia de días, la similitud entre los hechos es más que evidente. La corrupción en áreas de asistencia social y una demora insólita de los organismos de control y castigo son tristes réplicas en ambas causas de corrupción.

Ese es claramente un factor que alienta la tolerancia a la corrupción. A esta altura es difícil de decidir si causa más indignación la impunidad total en casos de corrupción sospechada, o estas acciones que llegan con tanta demora que casi parecen socarronas. No hay argumentos válidos para justificar que trámites judiciales o de control administrativo demoren semejante tiempo. Las explicaciones que se quieran dar, como la saturación del sistema judicial, la falta de empleados, dejan de ser válidas cuando se toman como una excusa para el cuasi incumplimiento de las funciones.

Se entiende que la justicia debe aplicar a conductas contrarias a la ley, penas que hagan que la ganancia del delito sea menor que el castigo. De otro modo, si delinquiendo se ganara más de lo que se pierde, la ecuación seria claramente favorable a las acciones ilegales. Demorar doce u ocho años en una resolución no es exactamente igual a la impunidad, pero está muy cerca. La causa de las compras directas no prescribió casi exclusivamente por el empeño de un fiscal que hizo bien su trabajo. Y mientras no se solucionen las falencias que provocan esas demoras, la justicia y estos órganos de control estarán aportando a la tolerancia de la corrupción.

El sistema político, o más bien sus actores, también tiene su gran cuota de responsabilidad. Los candidatos a ocupar cargos electivos surgen de la selección interna que los partidos políticos hacen de entre sus dirigentes y militantes. Y cuando estos llegan al poder en el ámbito Ejecutivo, son los que eligen a quienes los acompañaran en sus funciones, también de entre dirigentes y militantes. Un gobernador antes fue el candidato propuesto por un partido. Un ministro, un subsecretario o un director, son los colaboradores que un gobernador eligió. Y si estos son corruptos, en definitiva son el recurso humano de la institución política.

Claro que, con la imperfección natural del ser humano, siempre está la posibilidad de que algún funcionario elegido ceda a la corrupción. Pero el asunto empeora cuando los hechos de corrupción se vuelven una constante, en gobierno tras gobierno, dando a entender que el recurso con el que cuentan los partido políticos es más corrupto que honrado. O que se elige muy mal. No debe olvidarse que los dos hechos antes mencionados se sucedieron con algunos años de diferencia y en dos gobiernos del mismo signo político. Y que sumado a otros hechos, como el fraude de las fundaciones durante el gobierno de Brizuela del Moral, en pocos años se produjeron varios hechos de corrupción en la misma área de desarrollo social.

Y la responsabilidad de los partidos políticos en la tolerancia de la corrupción es todavía más grande cuando siguen proponiendo como sus candidatos a personas sospechadas o denunciadas de corrupción. Que dejaron funciones ejecutivas, sean provinciales o municipales, en medio de acusaciones de corrupción, e igualmente son incluidos en listas legislativas para garantizarles la forzada inmunidad de los vapuleados fueros parlamentarios. Por ejemplo, inmediatamente después de dejar su cargo como subsecretario y estando ya denunciado por las compras directas, Víctor Brandan asumió como diputado provincial. Durante todo ese periodo de 4 años los legisladores del FCyS se negaron a dar el desafuero que la justicia mojigata reclamaba para avanzar en la investigación penal. Claro que no es el único caso. Y la extensa lista incluiría nombres tanto del FCyS como del peronismo y el FPV.

Y por último, también tiene su cuota de responsabilidad la sociedad. El ciudadano, que al transformarse en votante en el sistema democrático, convalida las propuestas electorales de los partidos políticos. Y sin protestar, ni castigar con el voto, vuelve a elegir a esos actores de la política sospechados de corrupción.

Hay una frase atribuida al Barón de Itararé que dice que "si hay un idiota en el poder, es por qué quienes lo eligieron están bien representados". Se puede adaptar la frase, cambiar “idiota” por “corrupto”, y la descripción sería muy fiel a la realidad. Primero porque la sociedad elige a sus gobernantes. Y si bien es cierto que en el juego de la democracia nunca un candidato es votado por todo el electorado, si vez tras vez tras vez la corrupción aparece en los electos, entonces la cuota de responsabilidad del electora está a la vista.

Pero además, los políticos, gobernadores, intendentes, ministros o legisladores, antes de todo eso son miembros de la sociedad y por lo tanto una muestra de ella. Y no es sostenible, ni desde las estadísticas ni desde el sentido común, la idea de que los electores son ciudadanos honrados, y solo hay corrupción entre los que participan en la política o son electos. Esto es desentenderse del problema y señalar a otros desligándose de la responsabilidad que le toca como conjunto.

Más bien da la impresión de que el germen de la corrupción está arraigado en la sociedad, y se manifiesta cuando hay oportunidad y de diferentes maneras. Cuando el ciudadano contribuyente no pagan los impuestos, cuando el ciudadano al volante no respeta las leyes, cuando el ciudadano en su trabajo no cumple sus tareas, o cuando el ciudadano llega a ser funcionario y malversa el dinero público.

Aunque parezca de Perogrullo, vale aclarar que el primer responsable de la corrupción en cualquier gobierno es el, o los funcionarios corruptos. Y esta responsabilidad es irreductible. Pero en un sistema social y político de democracia, participación y controles, todos los demás actores tiene desde una cuota ineludible y proporcional, de responsabilidad y poder. Y por lo tanto, quien no la asume y desde su lugar o funciona la repudia activamente, estará fomentando la tolerancia a la corrupción.

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