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Pobreza y hambre en un mar de soja La Nación - GEN / Por Aldo Benítez y Carolina Vanni

La vida de una parte de los habitantes del departamento de Caazapá transcurre entre la pobreza, el hambre y el abandono estatal. Las comunidades indígenas y campesinas sufren la desnutrición de sus niños y niñas, mientras se ven cada vez más arrinconadas por grandes sojales. La paradoja de una región que el año pasado tuvo una producción de 560.678 toneladas de soja pero que a la vez se ubica entre las más pobres del país.

“La comida del mediodía es lo que se consigue de a poco, pero para la tarde noche ya no hay para comer” dice en guaraní casi con una mueca nerviosa y de vergüenza Deisy Paola Rolón, una joven campesina de 23 años que vive en una precaria casa junto a su suegra, su esposo y tres de sus cuatro hijos en el asentamiento Mandu’arã I, de la colonia Tapyta, distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá.

Es pasado el mediodía de este martes caluroso de febrero y dentro de la precaria cocina de Teodora López, suegra de Deisy, hay restos de cenizas. Pero son cenizas frías. Quizás de días anteriores en los que hubo algo para cocinar. Tres perros a los que las costillas se les nota, caminan como pueden en el patio, casi sin fuerzas. Buscan un refugio en donde tomar sombra. Respiran agitados.

Teodora López tiene 70 años de los cuales hace 30 que vive en este asentamiento campesino, poblado por unas 25 familias. De esta cantidad, al menos 16 no tienen título de propiedad del terreno en el que viven, pese a tantos años de habitarlo. Y pese a tantos años de haber pedido esa oportunidad.

Deisy Paola tiene la piel morena, el cabello recogido, los dientes blancos, grandes. Carga a uno de sus hijos y le da de mamar cada tanto. Cuenta que no es fácil la vida sin energía eléctrica, sin caminos y últimamente tampoco, sin agua. A Deisy le preocupa también el tema escolar; dice que la única profesora de la escuela de la comunidad falta mucho a clases y que eso repercute en el rendimiento de los niños del asentamiento. Dos de sus hijos van a dicha institución y todavía no saben leer. Uno de ellos, el primero, vino al mundo cuando Deisy era una niña de 13 años.

Ubicado a 250 kilómetros de Asunción, el departamento de Caazapá tiene una superficie de 9.496 km2, de los cuales el 18% (unas 174.508 hectáreas) está cubierta de plantaciones de soja, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Un equipo de La Nación y GEN visitó algunas comunidades indígenas y campesinas de esta localidad que están prácticamente rodeadas por sojales y lejos de los millones que mueve el negocio sus habitantes viven en la pobreza absoluta.

En el trayecto a Abaí, en la zona de Cerrito, una comunidad indígena donde viven 45 familias, rápidamente el rótulo de ser la región con más pobreza en el país se hace notar. Al costado del caliente asfalto, en medio de pastizales, salen al paso del móvil periodístico niños indígenas, descalzos, algunos hasta desnudos, extendiendo las manitas y preguntando: “¿ereko ja’ura?” (¿tenés algo para comer?).

Los niños tienen sus rostros sucios, mezcla del jugo de chirimoya y el polvo. Como en otras ocasiones, esta fruta –que ni siquiera estaba bien madura – era lo único que tenían para engañar al estómago en el día.

Estos niños indígenas que salen a pedir algo de comer viven rodeados de un mar de soja, producto estrella de producción paraguaya de exportación. Paraguay es hoy uno de los principales exportadores del mundo de este y otros granos. Sin embargo, entre las miles de hectáreas de siembra, cordones de pobreza van ganando cada vez más habitantes.

El año pasado, Paraguay exportó 6 mil 115 millones de kilos de soja a varios países del mundo, incluyendo a Egipto, por valor de G. 2.237 millones. Mientras miles de kilos de soja recorren 11.000 kilómetros para llegar a dicho país, campesinos e indígenas de Caazapá no pueden salir de sus comunidades porque no tienen camino. Ni siquiera para auxiliar a un enfermo. Los caminos son prácticamente intransitables, los hospitales cercanos están en pésimas condiciones y no tienen ambulancias.

Niños y niñas indígenas de la comunidad de Tacuarusu I, en medio de plantaciones.

En Caazapá funcionan grandes empresas agrícolas que se instalaron en los últimos años. Sin embargo, esta situación no ayudó a mejorar la creación de empleo. Un extenso informe denominado “Territorio y empresas. Aproximación al desarrollo de las regiones en Paraguay” elaborado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) de 2018, ubica a Caazapá en los estándares más bajos en cualquiera de los tópicos que hable de desarrollo empresarial de la región.

El documento muestra que este departamento tiene el 90% de su mano de obra en la informalidad. “Caazapá es tradicionalmente un departamento expulsor de mano de obra y cuyo empleo predominante se ubica en la agricultura familiar tradicional. La aparición reciente de la agricultura empresarial en este departamento, no ha alentado la creación de empleo ni tampoco ha creado las condiciones para una mayor presencia de unidades económicas” expone dicho informe, firmado por los especialistas Belén Servín y Fernando Masi.

La investigación de Servín y Masi hace un relevamiento de datos sobre cantidad de empresas en relación a habitantes de cada región, el nivel de acceso a servicios públicos que tienen los habitantes y la perspectiva de crecimiento a partir de la generación de mano de obra que generan estas empresas.

El informe habla también de lo que se denomina “cohesión territorial”, un estudio que abarca tres sub-indicadores económicos que determinan cómo pobladores de un territorio se exponen a situación de vulnerabilidad con relación a la pobreza, la pobreza extrema (indigencia) y la informalidad laboral. Esta medición se hace a partir de determinar el nivel de ingreso que tiene el departamento. Además, se le agrega las capacidades existentes en términos de años de estudio de la población, nivel de educación secundaria o técnica y nivel de educación terciaria.

uno de los perros de la familia de teodora

En este caso, Caazapá ocupa el último lugar entre los departamentos con más bajo niveles de índice de cohesión territorial, con un 0,6 % de nivel de ingreso; 0,7 nivel de vulnerabilidad socio-económica; 0,7 de capital humano y 0,6 en las capacidades de estudio de la población. Los departamentos que están en primer lugar llegan al 2,0% en promedio.

Este departamento posee también niveles de desnutrición infantil muy altos, en comparación a otros distritos. Según un informe anual del Ministerio de Salud Pública, el 22% de los niños menores de 2 años en Caazapá está con riesgo de desnutrición, mientras que el 6,8% está en desnutrición grave. Estos datos corresponden a los informes del 2017 que recoge cada año el Ministerio para determinar los niveles de desnutrición infantil a nivel país.

El hospital de San Juan Nepomuceno, que es el centro asistencial distrital y uno de los considerados de referencia del departamento, opera con una sola ambulancia “full time” y tiene graves problemas con sus recursos humanos. Apenas dos pediatras hacen lo que pueden para turnarse en esa especialidad. El director de la institución, doctor Ronald Britos, reconoce que están en una situación límite.

Britos habla principalmente de la falta de profesionales médicos. que es lo esencial para poder dar una atención mínima. La infraestructura del nosocomio es viejo. Hay camillas que se usan hace más de 30 años. Les falta equipos para hacer operaciones o internaciones más importantes. Por ahora, los médicos cumplen con y como pueden. El local del hospital tiene para 20 camas con internación, pero todos están siempre ocupadas. El sector de urgencias es literal. Los futuros pacientes esperan sentados sobre sillones viejos, incómodos. Esperan ahí alguna atención mínima. Un pequeño gesto. Algo que les haga sentir que están siendo considerados.

“Nosotros tenemos una situación muy peculiar, porque a nuestro cargo están prácticamente 15 comunidades indígenas cuyos habitantes dependen de nuestro hospital para ser atendidos. La cuestión con los indígenas es que hay que saber atender la cultura y la tradición que tienen. Entonces, es necesario entender que para ellos no solamente es la atención médica sino que se tiene que atender sus culturas” dice Britos.

Con referencia a la situación de las dos niñas que fueron rescatadas hace unas semanas atrás con severos cuadros de desnutrición, el doctor Britos es contundente. “Para nosotros no son casos aislados” dice y agrega: “Es un problema que nos atañe a todos. Es un problema que se viene arrastrando desde hace un tiempo”.

Como una manera de llegar a las zonas más alejadas, el Ministerio de Salud creó en el 2008 las Unidades de Salud Familiares (USF). Una especie de pequeños hospitales con atenciones básicas y primarias en lugares de difícil acceso y dirigido, principalmente, para familias de escasos recursos. La doctora Martha Cardozo, encargada de la USF de Tupã Renda, distrito de Abaí, explica que en su zona trabajan casi en su totalidad con comunidades indígenas, que son seis en total.

La USF de Tuparendá de Abaí, atiende a 6 comunidades indígenas de la zona.

Para la doctora Cardozo, resulta común que en los asentamientos nativos los niños, incluso adultos, tengan bajo peso y talla. La diferencia ronda entre los 3 y 4 kilos menos que los demás niños de la misma edad. Para las autoridades sanitarias, se trata de un drama que viven casi a diario.

“Por ejemplo, tenemos pacientes de 4 años y 1 mes cuyo peso es de 13,5 kilos. Bajo para dicha edad. Pero también esos casos se dan en los adultos, son flaquitos”, dice Cardozo. Señala que los casos más frecuentes en las comunidades indígenas son las afecciones respiratorias, el bajo peso y las enfermedades venéreas (sífilis).

La profesional señala que desde noviembre del 2018 están sin suplemento nutricional del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI), un aporte del Ministerio de Salud para el sustento de las madres y niños lactantes. “Hacemos lo que está a nuestro alcance. Visitamos a las comunidades indígenas cada 2 meses, proveemos lo que el ministerio nos da”, sostiene Cardozo.

Una niña de la comunidad Ytu, de Abai, camina en el patio de la escuela local.

Cuando a Adriano Centurión, líder de la comunidad indígena Ytú, de Abaí, le comentaron que a su pueblo llegó una mujer con una criatura que prácticamente era piel y hueso, pidió de inmediato atención médica. Llamaron a la USF de Tuparendá, pero como este centro de atención no tiene ambulancia, llevaron a la mujer y su hija en un vehículo particular, gracias a la gestión de un vecino de la comunidad.

La niña tiene cuatro años y presentaba en ese momento un cuadro de desnutrición crónica; pesaba menos de 5 kilos. La trasladaron después hasta el hospital de Avaí, en donde no la pudieron internar por falta de infraestructura. Entonces la socorrieron al hospital distrital de San Juan Nepomuceno. La niña se encuentra estable a estas alturas y ya fue dada de alta. La mamá se quedó en Ytú, con algunos de sus otros 11 hijos.

Adrián Centurión dice que uno de los problemas que se tiene en las comunidades indígenas es que los líderes o caciques no guían como deberían a su gente. Don Centurión habla pausado pero de manera firme. Es como que analiza antes cada frase que dirá. Es lógico la atención que pone en sus palabras; está a punto de hacer una crítica contra los propios líderes indígenas de otras comunidades y debe medir lo que tiene que decir.

La pequeña niña que llegó con un cuadro de desnutrición grave al hospital hace un mes. Hoy ya se recuperó.

“Lastimosamente se está perdiendo la cultura indígena de los mbya guaraní. Ahora los líderes son los primeros que toman bebidas alcohólicas y se van a las ciudades, pidiendo plata. Esa no es nunca la función de un buen líder” razona don Centurión. Con un kepis negro, los pantalones largos y una remera azul oscuro. Él además de líder es profesor de la escuela..

Ytú, en ese sentido es la comunidad indígena que no parece de la zona. Tiene una escuela que cuenta con toda las comodidades, las viviendas de sus habitantes son de ladrillo y techo de zinc o de tejas de cerámica. Los niños van a dicha institución educativa y prácticamente todas las 40 familias que viven en el lugar tienen su propia chacra. Todos se dedican a la agricultura familiar y también pesca. En suma, Ytú es una comunidad que las propias autoridades locales consideran modelo.

Sin embargo, este pueblo no escapa a los problemas estructurales de la región; los indígenas de Ytú sufren con la falta de camino y de asistencia médica, como lo que ocurrió con la madre de la niña desnutrida.

Caazapá es el departamento que más comunidades indígenas tiene en su territorio; suma 36 que aglutinan a unos 5.400 indígenas, de acuerdo con los últimos datos de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC). Prácticamente todos son de la parcialidad mbya guaraní, aunque también hay otros que son aché. Pero el caso de Ytú es uno muy aislado. La realidad en las demás comunidades es casi el mismo; tierras sin título, falta de camino, agua y luz eléctrica.

Francisco Benítez es líder de la comunidad indígena de Tacuarusú I, en el distrito de Aba’i, ubicado a unos 40 kilómetros de San Juan Nepomuceno. Esta tarde, Francisco Benítez se encuentra en la dura tarea de cavar 11 metros para buscar agua. El pozo que tenían quedó seco y los arroyos que antes le proveían hoy están vacíos. En el lugar creen que los grandes productores represaron las aguas para sus cultivos. Pero Francisco Benítez no tiene tiempo para especulaciones y sigue cavando. Las 30 familias que hacen a su comunidad deben caminar al menos 5 kilómetros para traer el vital líquido.

Indígenas de las comunidades de Itu e Itacurusu I

“Nosotros varias veces fuimos a preguntar al INDI por nuestras tierras y nunca nos dieron alguna esperanza. Si realmente van a conseguir algo para nosotros, que sea una ambulancia al menos. Porque acá los niños pueden enfermarse de noche y no tenemos forma de auxiliarlos”, dice en su guaraní cerrado el líder Benítez.

En Tacuarusú I, la plantación de soja llega hasta las puertas de la pequeña escuela de la comunidad, lo cual está prohibido, según lo que establece la Ley 3742/09. Esta normativa limita el cultivo a una distancia prudente, ya que generalmente en estas plantaciones se utilizan agroquímicos. El artículo 67 de dicha ley, en ese sentido, textualmente dice “se establece una franja de protección de 200 metros entre la zona de aplicación y todo asentamiento humano, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas, lugares de concurrencia pública y cursos de agua en general”.

Francisco Benítez, el líder, cuenta que ya pidió a los encargados que si van a fumigar, al menos lo hagan de noche, cuando no hay niños en las clases. Benítez dice que él no sabe cómo es que los sojeros llegaron hasta ese lugar. Otras voces de la zona, sin embargo, hablan de que los propios indígenas alquilan sus tierras a los productores sojeros. Este tipo de situaciones se da con frecuencia entre comunidades indígenas que están rodeadas de plantaciones.

Francisco Benítez, líder indígena de Tacuarusu I, cavando su pozo buscando agua para su comunidad.

Justamente la venta o alquiler de tierras es uno de los problemas en las comunidades indígenas, y que según menciona Adrián Centurión, el cacique de Ytú, se da principalmente por la falta de liderazgo. A su criterio, la plantación de soja en tierra indígena va en contramano a lo que indica las creencias o costumbres, pero señala que muchas veces es muy difícil no caer en la tentación de recibir unos buenos guaraníes por las tierras.

Al igual que Tacuarusu I, las otras comunidades de la zona -salvo Ytú- como Tacuarusu II y III, tienen prácticamente los mismos problemas. No tienen sistema de salud eficiente y las escuelas son precarias. Además, no tienen calle en buen estado y la mayoría de los indígenas se dedica a la agricultura familiar, ya que de la caza ya no pueden vivir.

Herdelio Maidana, un pequeño productor de la comunidad Mandu’arã I, dice que para la gente que no vive el día a día en estas tierras, es fácil criticar al que vende su terreno o alquila. “Cuando vos tenés tu terreno, de apenas 4 o 5 hectáreas y todo lo que te rodea es soja, no hay forma de aguantar. Porque ellos fumigan constantemente y cada día buscan más tierras. Entonces, cuando sos un productor que trabaja en chacras muy pequeñas, es imposible oponerse a ellos” expone en su guaraní punzante el agricultor.

Herdelio Maidana tiene 48 años. Desde joven trabajó en las tierras de Mandu’arã I, pero hasta ahora no consigue un título de propiedad del lote en el que vive hace más de 20 años. De sus cinco hijos, cuatro siguen con él, ya que el mayor, al cumplir 18 años, se fue de la casa. Su hijo mayor vive en Córdoba, Argentina, en donde está trabajando en lo que puede. “Qué le vamos a hacer, no le puedo obligar a mis hijos a que vivan esto” dice Herdelio, que tiene las manos llenas de llagas de tanto carpir y azar.

Don Herdelio cuenta que el principal drama para su comunidad es la falta de buenos caminos. “Ustedes ya vieron lo que es. Ni siquiera pudieron llegar” expresa. En efecto, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Caazapá tiene apenas el 13% de todo su red vial con pavimento asfáltico. Es uno de los departamentos con el promedio más bajo.

Herdelio considera que de tener una vía de acceso, al menos podrán sacar los productos que puedan cosechar y socorrer rápido a los niños y niñas en casos urgentes. Pero toda la zona, que alberga las comunidades de Mandu’arã I, II y III, está prácticamente aislada, ya que el pésimo camino es sólo transitable para motocicletas. En días de lluvia la situación empeora y sus habitantes quedan aislados.

Doña Teodora López, las manos llenas de callo de Herdelio López, la escuelita de Mandu’arã I.

El agricultor habla con tranquilidad, pero por momentos casi se quiebra. Dice que ya son 20 años que están esperando alguna solución al problema de la titulación de sus tierras y que, de no surgir alguna solución a este conflicto en los próximos días, ya decidió ir a Asunción a probar suerte. “No me queda de otra, tengo que jugarme por esa alternativa porque acá no pasa nada. Somos cerca de 12 familias que estamos sin tener un título”. Herdelio cuenta que actualmente trabaja en “changas” en chacras cercanas y cobra por horas trabajadas.

“Si tenés tu título podés hacer de todo ya con dos hectáreas. Para una familia de acá, esas dos hectáreas son más que suficiente para cultivar lo necesario para el consumo familiar e incluso para poder vender. Pero para eso hace falta caminos” expone Herdelio.

Para Clemencia González, también de la comunidad Mandu’arã, la vida se complica cuando uno ni siquiera tiene título de propiedad de la tierra en la que está. “Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero se trabaja mínimamente. Apenas algunos trabajos temporales en las chacras, eso es lo único que nos toca” dice González. A sus 34 años, Clemencia es madre de 7 hijos.

La vida en las comunidades campesinas de Mandu’arã transcurre entre las necesidades básicas y la desesperanza.

Un problema que aqueja a las familias campesinas de esta zona es que desde hace 6 meses dejaron de percibir la ayuda monetaria que tenían con el programa “Tekopora” del gobierno. Hasta setiembre del 2018, las familias de González, Herdelio y demás, recibían un monto cercano a los G. 250.000 (US$ 41) aproximadamente. Un ingreso infimo, pero que para estas familias resultaba un gran respiro económico.

La ayuda de Tekopora terminó porque ya había finalizado el plazo establecido. Este programa ofrece la ayuda monetaria durante 72 meses consecutivos para que las familias beneficiadas, a partir de esta transferencia monetaria, tengan recursos mínimos con el objetivo primordial de ir saliendo de la pobreza, ya sea con proyectos como la chacra familiar, pequeños negocios, etc. Es evidente, que al menos en esta zona del país, el programa no cumplió dicha idea.

El 21 de febrero y tras las primeras publicaciones de La Nación sobre la pobreza extrema de estas comunidades, la Junta Departamental de Caazapá declaró emergencia departamental en los asentamientos Mandu’ara en sus zonas 1, 2 y 3, por el término de 180 días. El objetivo de la medida fue abrir una investigación y determinar las causas de esta situación y principalmente, formar un equipo de ayuda para las familias afectadas.

En una reciente incursión de este equipo departamental, las autoridades recorrieron las comunidades indígenas Tacuarusu 1, 2 y 3 y los asentamientos campesinos Mandu’ara 1, 2 y 3, respectivamente. El resultado fue alarmante para las autoridades que conforman este equipo; las familias de estos lugares viven en extrema pobreza, sin el menor de las asistencias públicas.

A la escuela de Tacuarusu I asisten alrededor de 60 niños indígenas. La pequeña institución es una construcción sin reboques con dos piezas. Los alumnos y alumnas no tienen pupitres. Usan una carpa para sentarse sobre ella en el suelo y así escriben para tomar nota.

Esta situación fue comprobada por la Comisión que se formó a partir de la declaración de emergencia, integrada por los miembros de la Junta Municipal y encabezada por Michel Benítez. Debido a que el Ministerio de Educación se basó en un antiguo censo, la merienda escolar – vital para los niños y niñas de estas comunidades – llega apenas a 22 de los 60 que actualmente acuden a la escuela.

La idea con la declaración departamental es conseguir fondos para, en primer lugar, abrir una ruta que sea permanente para la zona. Debido a la falta de caminos, muchas veces los encargados de la merienda escolar – que llega, pero no siempre a tiempo – muchas veces no pueden llegar hasta las comunidades. Por dar un ejemplo.

El caso de la niñez adquiere características dramáticas en una región cuya intervención estatal es mínima a la hora de garantizar derechos. La Consejería Municipal de la Niñez y Adolescencia (Codeni) de San Juan Nepomuceno, recibe al menos 10 denuncias por mes de niños o niñas que nacieron con bajo peso. Algunos, incluso bajo cuadro de desnutrición. De esta cantidad, 7 corresponden a indígenas.

Los alumnos de la escuela de la comunidad indígena de Tacurusu I no tienen pupitres (Foto Gentileza)

“Para nosotros lastimosamente no es algo raro. Claro, los casos extremos que tuvimos con estas dos niñas llamaron la atención de la gente, pero acá hay muchos casos de niños con bajo peso”, dice Liz Silvero, encargada de la Codeni. Gracias a este cargo, Liz realiza periódicas intervenciones en diferentes barrios o localidades de San Juan. Para Liz, la situación de los niños y niñas en esta región del país es preocupante, sobre todo, de quienes están en los asentamientos y comunidades indígenas.

Los indígenas de las comunidades de Caazapá esperan por más presencia del INDI en la zona.

No solo existe el drama del bajo peso y la desnutrición. “Hay problemas de alimentación, de educación y de acceso a las comunidades. Las calles son muy feas y eso hace que muchas veces, los indígenas y campesinos de asentamientos queden aislados”, dice Silvero.

La Codeni maneja otras cifras que llaman la atención. Al mes recibe, en promedio, 15 denuncias por maltratos y 5 por casos de abuso sexual. Todos los casos tienen indígenas involucrados.

“Cuando entramos a Mandu’arã encontramos mucha pobreza y muchos problemas para el acceso a la educación, a una buena dieta para los niños y niñas” expone la encargada de la Codeni. Liz considera que es urgente armar una estrategia a nivel departamental para evitar que esta situación siga creciendo.

Teodora López sufre del corazón pero no puede comprar el medicamento que le recetaron por falta de dinero. Además, le cuesta salir de su comunidad Mandu’arã. Su nuera Deisy es la que le ayuda en los quehaceres diarios, ya que ella no debe más hacer mayores esfuerzos.

Teodora habla. Se queja de las autoridades de la escuela. Cuenta que, a pesar de las condiciones en la que están, siempre salvan un plato de comida al día, pero que se vive en la incertidumbre.

Esa incertidumbre de no saber si al día siguiente vendrá la profesora de la escuelita o vendrá un colono brasileño a comprar las tierras en la que viven. Esa incertidumbre de no saber si en la mañana siguiente tendrán algo que comer o cómo harán para salir de su asentamiento si llueve y alguno de sus nietos enferma.

En eso está hoy doña Teodora, a quien le alcanza todavía corazón para ofrecer las peras de su patio a la gente que llega junto a ella.

Fotos: Fernando Riveros / Vídeo y Edición: José Moro - Francisco Olazar

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