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PODER EN LA MIRA #21 Las turbulencias del TSJ y la Fiscalía #Suprema injusticia

El TSJ arrebató al Parlamento la tarea de juramentar al Presidente

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició el 2019 con la misma tónica que 2018, 2017 y 2016: Propinándole golpes a la Asamblea Nacional. Así en su primera decisión del año se arrogó la tarea de organizar la ceremonia de toma de posesión para el nuevo sexenio presidencial, que inició el 10 de enero.

La resolución la tomó la Sala Constitucional el 8 de enero de 2019, en un dictamen redactado por su presidente, Juan José Mendoza. El magistrado, escudándose en el supuesto desacato en el que se encuentra el Parlamento, por su negativa a desincorporar a los tres diputados de Amazonas cuya elección fue impugnada por el chavismo, estableció que el presidente Nicolás Maduro asumiría su nuevo mandato ante el pleno del máximo juzgado.

“En cuanto a la interrogante sobre ante cuál órgano del Poder Público debe juramentarse el ciudadano Nicolás Maduro Moros para el ejercicio del cargo de Presidente de la República para el cual fue electo en los comicios presidenciales el pasado 20 de mayo de 2018, esta Sala reitera, una vez más, que el Órgano Legislativo Nacional se encuentra en flagrante desacato, y por ser este un motivo por el cual el Presidente de la República no puede tomar posesión ante la Asamblea Nacional, tal como lo dispone la norma contenida en el artículo 231 del Texto Fundamental, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual se convoca al ciudadano Nicolás Maduro Moros para el día 10 de enero de 2019, a las 10 a.m”, dictaminó al responder una interrogante que le formuló en un escrito el abogado Ottoniel Pautt el 11 de diciembre de 2018.

Magistrado de la Sala Electoral que avaló sentencia de desacato de la AN huyó a EEUU y dice estar arrepentido

El magistrado Christian Zerpa comenzó 2019 siendo noticia, pero no por seguir avalando decisiones contra la Asamblea Nacional como ha venido haciendo en los últimos cuatro años, sino porque huyó a Estados Unidos y desde allí aseguró que tomaba esta decisión para no legitimar el gobierno de Nicolás Maduro.

“Me arrepiento de no asumir mis principios y valores”, dijo el funcionario en una entrevista el 6 de enero, en la cual agregó: “No podemos seguir apoyando a Maduro en su juego”.

La designación de Zerpa en 2015 por parte del anterior Parlamento controlado por el chavismo fue muy criticada debido a sus estrechos vínculos con el partido de gobierno. El miembro de la Sala Electoral fue militante del extinto Movimiento Quinta República (MVR) desde el año 2000 y en 2010 fue electo diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Perder su reelección en 2015 no puso fin a la carrera pública de Zerpa quien de inmediato apareció en la lista de candidatos a magistrados del TSJ designados ese año pese a todas las objeciones en su contra.

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TSJ acusó al Parlamento de pretender dar un golpe e instó a la Fiscalía a actuar contra sus miembros

De victimario a víctima. Este es el giro que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha pretendido darle a su relación con la Asamblea Nacional (AN), a la cual tras casi liquidarla con 80 sentencias dictadas a lo largo de cuatro años, la acusó de pretender dar un golpe de Estado e instó a la Fiscalía a actuar contra sus miembros.

El pronunciamiento lo realizó la Sala Constitucional en sus sentencias número 3 y 4, dictadas el 21 y 23 de enero de 2019, respectivamente; en las cuales anuló la designación de la directiva encabezada por el diputado Juan Guaidó (Voluntad Popular/Vargas) realizada el 5 de enero, así como los siete acuerdos que hasta el momento ha adoptado el Parlamento y entre los cuales figuran la declaratoria de la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro, la autorización para el ingreso de ayuda humanitaria internacional, amnistía para los civiles y militares que ayuden a la restitución del orden constitucional; la ratificación de la adhesión de Venezuela a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la designación como embajador ante esa instancia del abogado Gustavo Tarre Briceño.

En el primer fallo, redactado por el presidente de la instancia, magistrado Juan José Mendoza, la Sala desconoció la elección de la actual directiva del Poder Legislativo aseverando que “la Asamblea Nacional no tiene Junta Directiva válida, incurriendo la írrita “Directiva” elegida el 5 de enero de 2019 (al igual que las “designadas” inconstitucionalmente durante los años 2017 y 2018), en usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 constitucional”.

Los saldos rojos de la “lucha” contra la corrupción de Tarek William Saab

La lucha “sin retorno” contra la corrupción que emprendió desde inicios de 2018 Tarek William Saab, el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, tuvo sus retrocesos en relación con los “logros” obtenidos por el Ministerio Público el año anterior. Fue un impulso que aunque prometía acciones para lograr determinar responsabilidades “caiga quien caiga”, se mostraba en realidad como una suerte de pase de factura contra quienes se habían desmarcado de la autodenominada Revolución.

Un total de 117 casos de corrupción en 2017, consolidados por Transparencia Venezuela a partir del análisis de la información publicada en el sitio web del Ministerio Público entre enero y diciembre de ese año, compiten con tan solo 36 averiguaciones adelantados en el mismo lapso de 2018, de las cuales 21 corresponden a casos relacionados en su mayoría con funcionarios de alto nivel y particularmente con la estatal Pdvsa.

En la Fiscalía la opacidad ha reinado en los últimos años y sigue dificultando la posibilidad de determinar cuáles son las instituciones más vulnerables y los patrones más comunes a la hora de echar mano del patrimonio de los venezolanos.

El análisis de 2017 arrojó que los hechos de corrupción en los que el Ministerio Público actuó se centraban en el Ejecutivo Nacional (central y descentralizado), pero también incluyó a la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, en la propia Fiscalía, e incluso en los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

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Transparencia venezuela
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