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Tres miradas al panorama fiscal costarricense Por Alonso Chaves, Alonso Aguilar y Francisco Ruiz. Publicado el 9 de Octubre de 2018.

En medio de la incertidumbre y una movilización de la clase trabajadora, el proyecto de ley 20.580 conocido como la reforma fiscal, se abre camino. Tres expertos en materia económica nos dan su perspectiva sobre el futuro de la situación fiscal nacional.

Más de 20 años han pasado desde la última reforma fiscal de peso realizada en el país. Desde entonces, cinco gobiernos han intentado, sin éxito, pasar por la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de impuestos.

Sin embargo, desde hace más de una década el gasto público y el endeudamiento empezaron a incrementar hasta producir el déficit fiscal actual, el cual no para de crecer y se proyecta en un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de este año.

El problema del déficit fiscal se tornó más preocupante a partir del gobierno de Óscar Arias (2006-2010), pues durante la crisis inmobiliaria de 2008, el entonces presidente recurrió a la activación de la economía a través de un mayor gasto público. El fin era evitar los efectos de la crisis, tales como el desempleo, pero la medida paliativa quedó, y el gasto extraordinario nunca se revirtió o revisó.

Las siguientes administraciones -Chinchilla y Solís- padecieron un debilitamiento en las finanzas públicas, mientras que los ingresos fiscales no crecieron al mismo ritmo que el gasto Estatal a pesar de que el PIB del país incrementó sostenidamente.

Diferente a reformas anteriores, como la fallida propuesta durante la administración Chinchilla, el proyecto de ley 20.580, que lleva de titulo “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, impulsado por el actual gobierno de Carlos Alvarado, logró vencer una primera etapa: la aprobación en primer debate en la Asamblea Legislativa el pasado viernes 5 de octubre con el apoyo principalmente de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC). Esto a pesar de un movimiento de la clase trabajadora, en el cual los principales sindicatos del país han mantenido una huelga de más de 25 días en diversos puntos del territorio nacional.

No obstante, la incertidumbre sobre si el proyecto de ley podrá seguir su camino, sin debilitarse en el periodo de consultas a diversas instituciones, lleva a la interrogante de qué pasará entonces si no se llegara a aprobar. Además, es importante recalcar que la reforma fiscal solo proyecta cubrir menos de un 2% del PIB. En el papel, el siguiente paso sería la Ley de Empleo Público, pero, ¿qué otras acciones complementarias son necesarias para estabilizar el déficit?

Tres expertos en materia económica de diversas posturas ideológicas: Sofía Guillén, Leonardo Garnier y Juan Carlos Hidalgo, nos dan su perspectiva sobre el futuro de las finanzas públicas y las medidas que se deberían tomar o podrían sumarse para una solución integral al problema fiscal del país.

Huelguista envuelto con la bandera de Costa Rica. (Fotografía, revelado y digitalización: Alonso Chaves)

IMPUESTOS

Leonardo Garnier, economista y ex ministro de Educación, considera que la tasa impositiva al consumo en nuestro país es baja comparada con otros países de la región, donde el impuesto al valor agregado (IVA) llega hasta 18 o 20%. “Creo que Costa Rica deberá moverse en esa dirección ya que estos son impuestos fáciles de cobrar y, sobre todo con el paso de ventas al IVA, contribuyen además con lograr una menor evasión”, argumentó.

Eso sí, Garnier acepta que se deben proteger a los grupos de menores ingresos “manteniendo tasas mínimas en los bienes de consumo básico”, complementando con impuestos a bienes y servicios “suntuarios”, aquellos que consumen los de mayores ingresos.

Para Sofía Guillén, economista y consultora, el sistema tributario actual es regresivo, pues se basa en impuestos de carácter indirecto en su mayoría, es decir, impuestos que se aplican a todas las personas por igual sin diferenciar ingresos, como el impuesto de ventas.

“Eso representa menos recursos para el Estado porque las grandes riquezas que podrían estar aportando un poquito más a través de impuestos como el impuesto sobre la renta, no lo están haciendo”, afirmó.

Guillén considera que estos impuestos deben ser actualizados para aumentar su progresividad a través de medidas como fortalecer el impuesto sobre la renta, consolidar la renta mundial o la renta global, gravar herencias de lujo, entre otras, y no necesariamente aplicar el IVA.

Según la economista, el texto del Gobierno excluye muchas de estas propuestas que sí se incluyen en la propuesta alternativa presentada por el grupo sindical, en la que Guillén colaboró como asesora.

Por otra parte, el consultor internacional Juan Carlos Hidalgo, cree que con la aprobación de la reforma fiscal en curso se producirá una desaceleración económica por lo que “las expectativas de recaudación del gobierno no se van a cumplir”.

Organismos internacionales como el Banco Mundial, e incluso el mismo Gobierno, han admitido que la recaudación esperada con esta reforma no llega a cerrar el vacío del déficit fiscal que se proyecta en 7% para este año.

“Temo que en dos años el gobierno planteará la necesidad de aumentar el IVA en dos puntos porcentuales ante la no mejora del panorama fiscal del país”, auguró Hidalgo.

La Fuerza Pública resguarda la Asamblea Legislativa. (Fotografía, revelado y digitalizado: Alonso Chaves)

GASTO Y EMPLEO PÚBLICO

El gasto público del Gobierno central aumentó un 83% en los últimos 10 años.

Un esfuerzo por contenerlo o, al menos, disminuir su crecimiento, se enfrenta a una oposición a cualquier reforma en el empleo público por parte de los gremios sindicales.

De acuerdo con Sofía Guillén, si se aplican las medidas más drásticas en el empleo público (congelar salarios, pensiones y planillas, suspender anualidades, etc.) se logra un ahorro del 0,76% del PIB, con base en un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El empleo público no es una causa estructural del déficit. Entonces si estamos preguntándonos que lo vamos a reestructurar para arreglar el déficit, pues es una falacia porque así no se arregla el déficit”, explicó.

No obstante, eso no significa que para la economista el empleo público sea perfecto. “Hay muchas cosas que deben mejorarse en aras de la justicia social y laboral”.

Garnier concuerda con Guillén en que la eliminación de “privilegios” en el sector público no tendría gran impacto en recortar el déficit, pero cree que estas modificaciones “sí resultan justas y ejemplarizantes”.

“Lo realmente importante es corregir los disparadores del gasto y la mayoría tienen que ver con pluses e incentivos que ya no cumplen su objetivo inicial”, agregó. Para Garnier, estas normas crearon “gran dispersión y desigualdad a lo largo y ancho del sector público”.

Juan Carlos Hidalgo, por su parte, considera que la solución al déficit radica en reformas estructurales al Estado costarricense y que antes de la aprobación de más impuestos, la administración Alvarado Quesada debería de llevarlas a cabo.

“En política fiscal el orden de los factores sí altera el producto. Si usted aprueba impuestos primero y luego promete reformas de gasto, nunca esas reformas de gasto se han materializado. No son inventos míos, hay que ver la Historia nacional”, asegura Hidalgo.

Según Hidalgo, las reformas estructurales al Estado Costarricense frenarían el crecimiento del gasto y pondrían un candado a futuros excesos. En estas políticas, el consultor internacional menciona la introducción de un salario único en el sector público, derogar las leyes de destinos de presupuesto específicos, converger todos los regímenes de pensiones en el IVM, aprobar una regla fiscal constitucional, la eliminación del salario escolar y la privatización de activos.

Además, con las reformas anteriormente encaminadas, Hidalgo también plantea la venta de entes como el INS, Bicsa, Racsa, BCR y activos de Fanal y Recope.

Huelguista con máscara de gato. (Fotografía, revelado y digitalizado: Alonso Chaves)

EVASIÓN

La evasión fiscal se refiere al dinero que el Gobierno deja de percibir debido a maniobras que algunos contribuyentes realizan para evitar el pago de impuestos, o bien, pagar menos de los que deberían.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la evasión ronda el 8% del PIB. Es decir, este porcentaje es mayor al monto del déficit fiscal actual.

Es justamente este punto en el que Guillén insiste para discrepar en la necesidad de más impuestos, pues considera que se debe atacar primero la evasión como una causa estructural del déficit.

La economista cree que se deben tomar en cuenta las medidas que recomendó la comisión legislativa que investigó el caso de los Panama Papers, pues de las 47 medidas que propuso la comisión para solucionar la evasión, sólo se incluyeron 4 en el texto del Gobierno, según dijo.

Para Garnier, el IVA ya es un mecanismo para enfrentar la evasión por el elemento de trazabilidad que incluye, aunque también dijo que se deben aprovechar “normas ya aprobadas y avanzando en otras”, sin especificar cuáles.

Hidalgo también cree que la evasión es un problema real, pero “ahí no yace la solución a la crisis fiscal”, mencionó en un artículo para el diario La Nación, a diferencia del criterio de Guillén. Hidalgo insiste en la reducción del Estado como la solución.

Según expuso recientemente en una conferencia, en América Latina “ninguna reforma fiscal ha logrado el objetivo de recaudación que se planteó”.

Carteles de huelguistas en contra de la reforma fiscal. (Fotografía, revelado y digitalización: Alonso Chaves)

A pesar de las distintas miradas al panorama fiscal, los tres expertos en materia económica coinciden en algo: hay que tomar acciones, lo más pronto posible con tal de sanar el déficit fiscal. Pero al mismo tiempo discrepan en cuáles son las medidas que necesita el país.

A octubre de 2018, el Gobierno de Carlos Alvarado y una mayoría de legisladores y legisladoras del PLN, PUSC y el PAC han demostrado que la acción por la que apuestan es la aprobación de la reforma fiscal, pues el pasado viernes 5 de octubre el proyecto de ley recibió el visto bueno en primer debate.

Ahora el proyecto de ley sigue su curso. Vendrá un periodo de consulta ante varias instituciones públicas que podría tomar hasta un mes. Aunque el criterio crucial reside en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ya han detenido varios proyectos similares de otros gobiernos.

La situación fiscal, al día de hoy, sigue siendo incierta.

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