La muerte del concejal Albán llegará a la Corte Penal Internacional
El expediente sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela que reposa en la Corte Penal Internacional seguirá creciendo, pues la muerte del concejal opositor Fernando Albán será incorporada a la demanda que en noviembre pasado la fiscal general destituida por la cuestionada Constituyente, Luisa Ortega Díaz, presentó contra el presidente Nicolás Maduro y cuatro generales.
La información la suministró el director de Actuación Procesal del Ministerio Público en el exilio, Zair Mundaray, quien aseguró que ya están trabajando en la “ampliación de la denuncia”, para incorporar este nuevo hecho a los que ha presentaron originalmente.
Albán, quien era edil por Caracas y dirigente del partido Primero Justicia, habría fallecido el 8 de octubre de 2018 al arrojarse desde el piso 10 de la sede que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tiene en Plaza Venezuela, donde estaba siendo interrogado desde que tres días antes fuera detenido por agentes de ese organismo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras su vuelta de un viaje a Estados Unidos, aseguraron las autoridades. Albán habría sido detenido en el marco de las investigaciones sobre el supuesto intento de magnicidio ocurrido en agosto durante el acto aniversario de la fundación de la Guardia Nacional.
La justicia chavista ahora pide a Colombia extradición del diputado Borges por muerte de un niño
Los deseos del chavismo por apresar al ex presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, son grandes. Así lo deja entrever el hecho de que no solamente solicitaron a Colombia, país en el que se encuentra desde principios de 2018, que se lo entregue para procesarlo por su presunta participación en el supuesto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto de 2018, sino también por un trágico accidente de tránsito en el que se vio involucrado uno de sus escoltas un año antes y en el que falleció un niño.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 279 del 9 de octubre de 2018, declaró “procedente” la solicitud ampliación de la extradición que el Ministerio Público había solicitado semanas antes contra el líder del partido opositor Primero Justicia- por su presunta vinculación en los sucesos ocurridos durante el acto por el 90 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional- para agregarle el accidente registrado el 17 de agosto de 2017.
Galindo Ballesteros sale de la Contraloría dos semanas después de admitir que la “corrupción sigue galopante”
El ahora ex contralor general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, dijo en un programa de televisión hace un par de semanas que los mecanismos de control sobre el manejo del dinero de todos los venezolanos “funcionan”, pero dejó ver el fracaso de su gestión a la hora de inspeccionar a fondo las cuentas del Estado.
“La corrupción existe, ha existido y siempre existirá”.”La corrupción es un cuero seco”.”La corrupción sigue galopante”. Esas son algunas de las frases que dijo, en una entrevista transmitida por televisión abierta el domingo 7 de octubre, el funcionario que en ese momento estaba al frente de la Contraloría General de la República (CGR) y que por mandato constitucional debía perseguir y sancionar a quienes se aprovechan del dinero público. Sus palabras eran las de quien parecía haber perdido la batalla.
Saab ignora jurisprudencia del TSJ y designa a su Vicefiscal
ada más ser designado Fiscal General de la República por la cuestionada Constituyente prometió plena colaboración con los otros poderes del Estado para la “búsqueda de la justicia y la paz”. Sin embargo, más de un año después Tarek William Saab parece haber olvidado estas palabras y está dispuesto a reavivar el enfrentamiento que en 2017 mantuvo el Ministerio Público con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al menos eso es lo que se desprende de su decisión de reemplazar a la vicefiscal Katherine Haringhton, la cual fue nombrada por el máximo juzgado.
La remoción fue Haringhton fue oficializada en la Gaceta Oficial número 41.506 del 19 de octubre de 2018, en la cual apareció la resolución del Ministerio Público número 3099, fechada un día antes, en la cual el exdefensor del Pueblo y exgobernador de Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nombra a la abogado Beysce Pilar Loreto, hasta ahora Directora de Actuación Procesal del organismo, como nueva Vicefiscal.
Saab acabó con lo poco que quedaba de la estabilidad laboral en la Fiscalía
Las garantías a la estabilidad de los funcionarios de carrera que quedaban en el Ministerio Público, fueron liquidadas por el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien de un plumazo convirtió a la totalidad de los más de 7 mil funcionarios del organismo en personal de “libre nombramiento y remoción”.
El giro lo dio el anterior Defensor del Pueblo al reformar el artículo 3 del Estatuto del Personal del Ministerio Público dictado por su antecesora en el cargo, la defenestrada Luisa Ortega Díaz, en 2015.
La norma que establece que los funcionarios de alto nivel y el personal de confianza son “libre nombramiento y remoción”, señalaba originalmente que en este último grupo se encontraban: “Los funcionarios que presten servicios directamente en la Dirección y Coordinación del Despacho del o de la Fiscal General de la República, así como los funcionarios que presten servicios relacionados con la seguridad del o de la Fiscal General de la República y de las dependencias del Ministerio Público, personal técnico que preste sus funciones en el área de Tecnología, Auditores, Registradores de Bienes y Materiales, Almacenistas, Supervisores de Mantenimiento, Supervisor de Mensajeros, Supervisor de Seguridad Industrial, Supervisores de Reproducción y Comunicadores Sociales”.
Sin embargo, Saab amplió este universo, al incorporar a los funcionarios que prestan servicios “en la Vicefiscalía, en las direcciones generales, en las direcciones de línea, en las coordinaciones, en las divisiones, en los departamentos, en las unidades, en las fiscalías nacionales, en las fiscalías superiores, en las fiscalías estadales, en las fiscalías municipales y en cualquier otra dependencia del Ministerio Público”.