La historia del Pacogate La fiscalía ha establecido que hasta ahora existen $16.500 millones defraudados por la "mafia de la intendencia de carabineros". La cifra extraoficial se empina sobre los $25 mil millones.

En uno de sus escritos ante tribunales, el fiscal Eugenio Campos, que investiga el millonario desfalco en Carabineros, entrega una definición precisa de cómo operaba la banda que se enquistó en la Intendencia de Carabineros y defraudó al Fisco, robando de paso dinero de sus propios compañeros de armas: "Desde a lo menos el año 2006 y hasta el año 2017, existió una organización criminal que tenía la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo, diversos crímenes y simples delitos atentatorios contra la propiedad, el patrimonio fiscal, el orden público y otros (...) que realizaban diversas acciones con el objeto que las instituciones e instancias de control interno y externo no detectaran los dineros sustraídos”.

Los imputados en esta causa reclutaban "cuentacorrentistas": funcionarios de menor grado o civiles que facilitaban sus cuentas bancarias y recibían depósitos a cambio de una comisión del 10%. El resto del dinero lo devolvían a los artífices del robo en efectivo. Otra forma de obtener fondos era crear "falsos jubilados": civiles a los que se le giraban cheques para que extrajeran dinero destinado a los uniformados que pasaban a retiro.

Del General Echeverría, uno de los cabecillas de la banda, dependían cuatro cuentas del Banco Estado: La de Gastos en Personal, sindicada con el número 901813-1, donde se giran todos los recursos relacionados con el ajuste y pago de las remuneración; la de Tesorería, identificada con el número, 900413-1, donde van a parar dineros de reintegro y de licencias Médicas; la del Fondo Desahucio, 901815-8, con la que se pagan las indemnizaciones de los uniformados y que corresponde a dinero ahorrado por carabineros y la de Gastos Operacionales, que corresponde a la cuenta 901306-7 y que cubre gastos e inversiones originados por la Dirección de Finanzas y distintos departamentos.

Echeverría y el resto de la Mafia de la Intendencia no dejaron ninguna cuenta indemne. De todas sacaron fondos y de esta última, como reveló este diario, sólo en dos años extrajeron $4 mil millones.

El caso es investigado por el Ministerio Público y ha derivado en la creación de una Comisión Investigadora. También generó la presentación de un plan de reestructuración institucional que aumenta los controles y elimina el Departamento de Intendencia.

En dos ocasiones, el General Villalobos se ha referido a los efectos del fraude en la institución que dirige. En diálogos con The Clinic Online ha manifestado que el robo era comandado por personeros que abusaron de su cargo.

En su estrategia de defensa, Echeverría abrió la arista de gastos reservados y ha entregado nóminas de quienes eran receptores de estos recursos que son, por ley, secretos. La tesis que ha esbozado es que se les habría dado un mal uso al 60% estos dineros sin entregar, hasta ahora, pruebas al respecto. Si lo que dice es efectivo, en 5 años se habría hecho mal uso de $1.800 millones, lo que equivale al 10,5% de los $16.500 millones que, se ha corroborado, Echeverría ayudó a sustraer de forma irregular.

La gran incógnita que debe dilucidar el Ministerio Público es dónde está el dinero defraudado, ya que las propiedades y recursos bancarios de los imputados no se condice con la magnitud del robo.

Credits:

Agencia Uno

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