El sol se está poniendo sobre la Amazonía peruana en una comunidad indígena. El río refleja los maravillosos colores del cielo como un abrazo, es una belleza y un misterio que sólo el Amazonas conoce. La vida parece armoniosa y tranquila. Sin embargo, la vida de esta comunidad indígena, que bien podría llamarse Cuninico, Vista Alegre o Santa Rosa, se ha transformado irrevocablemente por los impactos de casi medio siglo de explotación petrolera irresponsable en sus tierras ancestrales, como tantos otros en toda la región de Loreto, en el norte de la selva amazónica peruana.
“El agua es vida, no solo para nosotros, sino para todos”
“El agua es vida”. En todo el mundo, estas palabras se han convertido en una especie de convocatoria que une a los Pueblos Indígenas y sus aliados en la defensa de sus tierras, ríos y bosques de los que todos dependemos de por vida.
Para los Pueblos Indígenas amazónicos que viven en el bosque tropical más grande que aún queda, con el sistema fluvial más grande del mundo, la vida está profundamente entrelazada con el río. Los ríos son la principal fuente de agua que proporciona todo, desde agua para beber, pescar, bañarse, lavarse, además de ser parte de su territorio cultural y espiritual. “El agua es vida, no solo para nosotros, sino para todos. El agua es una madre, la madre de toda la naturaleza. El agua tiene un espíritu”, dice Flor de María Paraná, madre indígena de Cuninico, una comunidad devastada por las consecuencias de un derrame de 2 500 barriles de petróleo en su territorio en el año 2014, y cuyos habitantes ahora tienen altos niveles de metales tóxicos pesados en la sangre, como lo revela un estudio del Ministerio de Salud del Perú.
Una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta y de una importancia fundamental para nuestro clima y recursos hídricos mundiales ha sido envenenada desde que comenzó la extracción de petróleo en la década de 1970; ríos, arroyos, lagunas, lagos, cochas, suelos y bosques vírgenes/primarios han sido envenenados con petróleo crudo. En el Perú, la extracción de hidrocarburos forman parte de una agresiva estrategia de desarrollo extractivo, que beneficia a un pequeño grupo de mucho poder económico, en su mayoría conformado por empresas extranjeras, sin calcular el costo real para los propios habitantes y los ecosistemas del Perú.
Los derechos han sido sistemáticamente violados e ignorados, incluidos los derechos fundamentales, como el derecho al agua potable.
Ciertamente, no beneficia a los pueblos amazónicos en Loreto que han sufrido los impactos de la contaminación en sus territorios debido, entre otros, al mal estado del Oleoducto Nor Peruano (854 km); a las actividades en los dos lotes petroleros amazónicos más antiguos: el lote 192 (ex 1AB) y el lote 8, que han provocado constantes derrames de petróleo y vertidos de miles de millones de barriles de aguas residuales altamente contaminadas; lotes operados por Occidental Petroleum, Pluspetrol Norte SA, Frontera Energy (anteriormente conocida como Pacific Stratus Energy) y la empresa estatal Petroperu . Los derechos han sido sistemáticamente violados e ignorados, incluidos los derechos fundamentales, como el derecho al agua potable. Los territorios indígenas se convirtieron en zonas de sacrificio, con medios de subsistencia destruidos y comunidades que bebían y se bañaban en agua tóxica durante décadas. Los Pueblos Indígenas lo saben, desde hace años, debido a la aparición de muchas enfermedades nunca antes vistas; situación que finalmente fue confirmada por el propio Estado peruano. Desde el 2013, se han declarado múltiples emergencias ambientales y de salud para zonas enteras.
“Antes teníamos peces en abundancia, ahora no hay. Antes teníamos agua para beber, ya no tenemos suficiente para tomar. Nadie está atendiendo nuestras necesidades, estamos olvidados”, dice Flor de Maria. “Le estamos pidiendo al Estado que mejore esta agua. Hay tanta contaminación, que cosa ve el Estado por no venir arreglar?” dice Lindaura Cariajano Chuje, líder Kichwa del río Tigre.
Durante más de una década, los Pueblos Indígenas amazónicos que enfrentan estos terribles impactos en Loreto se han organizado para presentar sus demandas a las autoridades y empresas a través de protestas pacíficas y participación en diálogos, mesas redondas y negociaciones. Las alianzas indígenas se han hecho y deshecho, y se han iniciado diferentes procesos. Uno de los procesos más recientes y significativos comenzó durante una protesta de 117 días en las comunidades nativas de Saramuro-Saramurillo en el río Marañón, en otoño de 2016, uniendo Pueblos Indígenas Achuar, Kichwa, Kukama, Quechua y Urarina de cinco principales ríos afluentes del Amazonas (Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón y Chambira). Este levantamiento dio como resultado un diálogo intercultural político de alto nivel en territorio indígena, donde se firmaron 39 acuerdos entre los Pueblos Indígenas presentes y el Estado peruano.
Poco se ha hecho para resolver las demandas justas de los Pueblos Indígenas.
“Queremos que el gobierno venga solucionar el problemática en todos las cuencas. Hemos sido atropellados por el estado y por las empresas. Hasta el día de hoy siguen habiendo derrames, entonces nuestra grande preocupación es esto para que ya no haya mas muertes. Necesitamos que el estado nos soluciona todo la plataforma de lucha. Todo Loreto viene afectada por esta contaminación. Seguimos luchando adelante hasta ver nuestro tumbo”, dice Fernando Chuje Ruiz, líder Kichwa del río Tigre.
Poco se ha hecho para resolver las demandas justas de los Pueblos Indígenas. El Estado ha firmado una multitud de acuerdos y compromisos diferentes, que se han quedado principalmente en papel. Al igual que los procesos e intentos anteriores, el caso Sararmuillo revela una vez más cómo se ponen en marcha estrategias para “desmovilizar el movimiento” y no resolver realmente los problemas. En efecto, se puede observar una estrategia consciente para la postergación de la implementación de los acuerdos desde el Estado, las tácticas involucran: diálogos interminables, mesas de dialogo, burocratización e intento de fragmentar el movimiento a través del divisionismo, la difamación, la criminalización y la difusión de información falsa por diferentes actores.
A esto se suman los obstáculos a nivel local y regional para implementar políticas, la falta de articulación entre los diferentes niveles del gobierno y la severa crisis política del Perú: el año pasado empeoró un contexto ya desfavorable donde rara vez se consideran los derechos indígenas. “El avance de los acuerdos está paralizado, y las cosas son mucho peores con esta crisis política”, dice José Fachin, líder Kichwa del rio Tigre. “No hay voluntad política”, dice Daniel Saboya, líder Achuar del rio Corrientes.
“También se puede observar una estrategia clara para desacreditar al movimiento indígena a nivel local”, dice Jose Fachin. Los discursos contra los Pueblos Indígenas se han intensificado alarmantemente, agravados por las las posiciones públicas sobre los Pueblos Indígenas en los medios nacionales y regionales, que regularmente los acusan de ser "extorsionadores". Aunque las aguas contaminadas de los ríos (provenientes de los Lotes 192 y 8) desembocan en el río Ucayali para convertirse en el Amazonas al este de Iquitos, capital de Loreto, pocos miembros de la sociedad urbana reconocen que la mayoría de los problemas que enfrentan los Pueblos Indígenas también están afectando su calidad de vida, a corto y largo plazo.
No se pueden subestimar los vínculos entre la industria petrolera, los conflictos socio-ambientales y la violación del derecho fundamental de los Pueblos Indígenas con el agua en la Amazonía peruana. Más del 80 por ciento de la Amazonía peruana ha sido concesionada a compañías petroleras internacionales sin consultar con los Pueblos Indígenas afectados; y, sin medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento del derecho humano básico de vivir en un ambiente saludable, esto involucra con agua apta para el consumo humano y cadenas alimenticias salvaguardadas. Como la contaminación y los abusos no se resuelven -y aún más preocupante- siguen en total impunidad, no es de extrañar el surgimiento de nuevos conflictos y protestas sociales.
Ha pasado más de un año desde la firma de los acuerdos de Saramurillo. Actas firmadas en diciembre de 2016 entre el Estado y los Pueblos Indígenas de las cuencas de los ríos Marañón, Pastaza, Corrientes, Tigre y Chambira. Aunque los líderes indígenas, durante el año pasado, han estado trabajando pacientemente con las autoridades nacionales dentro de la llamada Comisión Multisectorial para formular un plan de inversión especial para proyectos en estas cinco cuencas, muchos de los proyectos siguen siendo propuestas, sin presupuesto asignado. La inversión comprometida por el Estado de casi 600 millones de soles es la suma de diferentes programas sociales y otras contribuciones estatales que no reflejan una contribución o compensación especial que los Pueblos Indígenas afectados piden -con justicia- por las más de cuatro décadas de graves violaciones de derechos y abusos en sus territorios. Más allá del trabajo de la Comisión Multisectorial, los Pueblos Indígenas sostienen que se ha avanzado poco en los acuerdos más importantes.
El viejo Oleoducto Nor Peruano, construido en 1977, operado por la empresa estatal Petroperú para transportar petróleo se extiende por 854 kilómetros desde la Amazonia hasta la costa. Más de cuatro décadas sumergidos en las aguas ácidas de la Amazonia han corroído el oleoducto y aumentado las rupturas, esto provocó que el oleoducto deje de operar durante más de un año (2016). Uno de los acuerdos más importantes de Saramurillo requiere una investigación independiente del Oleoducto del Norte del Perú, así como de otros oleoductos que cruzan los lotes 192 y 8, con la participación de representantes indígenas. Estuvo programado para la primera mitad de 2017. Se ha avanzado poco.
Foto: El oleoducto nor peruano, Cuninico. Por Sophie Pinchetti/Chaikuni
Importantes pruebas que respaldan esta demanda salieron a la luz a fines del año 2017 en una investigación liderada por una comisión parlamentaria del Congreso peruano sobre los últimos derrames de petróleo del Oleducto Nor Peruano. El informe menciona “evidencia posibles delitos y hechos de corrupción o cuando menos intolerable incapacidad de funcionarios de Petroperú” y que “no se han encontrado indicios razonables para establecer responsabilidades en las comunidades nativas frente a los derrames de petróleo”. Sentenció además que “continuar con el estado actual de las cosas solo garantizaría el fracaso del Oleoducto y de otras importantes inversiones que ya han sido iniciadas […] continuaría contribuyendo al grave problema de la corrupción en el país”.
Foto: El oleoducto nor peruano. Archivos del Instituto Chaikuni
¿Quién es responsable de limpiar los miles de sitios contaminados en los lotes petroleros 192 y 8? No se ha realizado ninguna remediación efectiva a pesar de la necesidad urgente. Muchos sitios remediados han sido tapados con una cubierta de tierra, y en la selva baja, el petróleo rebrota a la superficie tarde o temprano. Si bien el Estado se comprometió a “que en el año 2017 se inicia la remediación de los sitios impactados como consecuencia de la actividad petrolera”, las empresas de consultoría apenas están empezando a trabajar en planes de remediación para un par de sitios. El financiamiento semilla inicial de 50 millones de soles apenas es suficiente para comenzar a hacer 32 planes de remediación para 32 áreas contaminadas priorizadas en el lote 192. Los Pueblos Indígenas afectados también han exigido ser incluidos en mecanismos participativos pero nada nuevo se ha implementado.
Foto: Derrame de petróleo, Comunidad nativa de Monterrico. Por Alex Kornhuber
Cada pocos meses, un nuevo derrame de petróleo llega a los titulares de los periódicos y el año 2016 marcó el más alto registrado con más de una docena de derrames de petróleo. Los Pueblos Indígenas también están preocupados por las incertidumbres sobre una próxima ronda de negociaciones para un nuevo contrato de 30 años en el lote petrolero 192.
Foto: Derrame de petróleo cerca de la comunidad indígena de Santa Rosa. Foto Sophie Pinchetti/Chaikuni
Después de 15 años de una actividad terriblemente irresponsable en el lote petrolero 192, el más importante y prolífico de Perú, la petrolera holandesa, argentino-china Pluspetrol salió en 2015 con total impunidad e incumplimiento de sus compromisos. Se estima que entre 2000 y 2009, Pluspetrol vertio 1.1 millones de barriles de aguas residuales por día directamente en los ríos del lote 192 (ex 1AB). A pesar de la horrible trayectoria, a Pluspetrol se le otorgó el derecho al uso de la tierra. Los Pueblos Indígenas afectados por el lote petrolero 8, donde Pluspetrol tiene un contrato hasta 2024, exigen transparencia y, lo que es más importante, revisión de las obligaciones actuales de la empresa para garantizar que la empresa o las decisiones estatales no violen los derechos fundamentales colectivos e individuales.
Pluspetrol entregó el contrato a grupos indígenas y la revisión está pendiente.
Foto: Mujeres indígenas en Saramuro. Por Sophie Pinchetti/Chaikuni
Los Pueblos Indígenas conocen sus territorios mejor que nadie. Debido a las grandes distancias en la Amazonía, la lejanía de las comunidades y la falta de atención por parte del Estado, muchos grupos indígenas han organizado programas de monitoreo independientes comunales para recolectar evidencia de contaminación. En Saramurillo, los Pueblos Indígenas exigieron una ley para reconocer este trabajo, a fin de permitirles exigir cuentas a las autoridades y las empresas y abogar por reducir la contaminación.
Se han presentado propuestas de ley, pero aún no se reconoce el trabajo de los monitores.
Foto: Monitores ambientales Kichwa en el río Tigre. Por FECONAT
Mirando hacia el futuro y un período post-petróleo, el reclamo de los Pueblos Indígenas de su derecho a indemnización para reflejar los daños causados por 4 décadas de explotación petrolera se presenta en forma de un plan de inversión extraordinario que integra proyectos de infraestructura, agua, saneamiento, salud, educación y proyectos sostenibles tales como piscigranjas “para reemplazar la actividad petrolera y poner fin a nuestra dependencia económica”, dice el líder Kukama, Miguel Manihuari del rio Marañón.
Hasta ahora, el Estado ha comprometido una inversión de 600 millones soles para proporcionar servicios básicos como agua, electricidad, saneamiento y la construcción de escuelas para los distritos de Urarinas, Parinari, Andoas, Trompeteros y Tigre en Loreto. Los Pueblos Indígenas enfatizan que las obligaciones y contribuciones normales del Estado no pueden incluirse ni considerarse como parte de la especial atención que las personas afectadas demandan.
Foto: Barriles de petróleo en Saramuro en la estación de Petroperu. Por Sergi Rudgrand/Amazonia Resiste
Las Comisiones de la Verdad son parte de un proceso más amplio de justicia y verdad, y surgen ante sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos, impulsadas o toleradas por el Estado, contra determinados sectores de la población. Uno de los principales objetivos debería ser garantizar que esto nunca vuelva a ocurrir. Este importante acuerdo de Saramurillo tiene como objetivo investigar, informar y analizar los impactos de más de 4 décadas de actividad petrolera irresponsable en los bloques petroleros 192 y 8 a través del establecimiento de una Comisión de la Verdad involucrando al gobierno, organizaciones indígenas y compañías petroleras para identificar cuáles son las mejoras que se pueden plantear.
Hasta la fecha, pocos avances se han realizados para implementar la Comisión de la Verdad.
Foto: Madre Kichwa Julia Chuje Ruiz. Por Bryan Parras
Criminalizar a los activistas es una estrategia consciente del Estado para silenciar a los portavoces, desmantelar los movimientos y sofocar la oposición a las grandes empresas. Las Naciones Unidas reclamó recientemente a América Latina por abusar de los derechos indígenas, y la región es ahora una de las partes más peligrosas del mundo para ser una activista ecologista e indígena.
A pesar de la promesa del Estado peruano de no perseguir injustamente a los activistas indígenas, al menos dos líderes indígenas involucrados en el proceso de Saramurillo enfrentan cargos penales por "secuestro" y "vandalismo".
Foto: Saramuro. Por Ginebra Penya
Ha pasado más de un año desde que el Estado peruano se comprometió a cumplir con sus acuerdos. “No se puede ya estar paralizado” dice Daniel Saboya, líder Achuar. “No se puede estar firmando mas actas, no se puede ya estar firmando mas acuerdos. Con paciencia, hemos esperado durante un año para ver que pasa, si tienen este deseo de cambiar, de hacer mejor las cosas que los demás gobiernos, pero una vez más nos olvidamos, ni siquiera tenemos agua para consumo humano”.
"Esperamos que la gente de todo el mundo piense de dónde viene el petróleo", dice Flor de María.
A medida que se desenrede el 2018, no olvidemos que Perú es el cuarto país más grande de selva tropical en el mundo, con más de la mitad de su territorio como bosque y gran parte de ese territorio indígena. La Amazonía y sus culturas indígenas son irremplazables y están cada vez más a punto de ser perdido en nombre de la ganancia y la codicia. Debemos permanecer atentos y seguir defendiendo la justicia, la Amazonía y los Pueblos Indígenas, por la salud de nuestro medio ambiente, el clima y la red de vida interconectada.
VIDEOS: PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD PETROLERA
¿Saramurillo, Justicia para los Pueblos Amazónicos en Perú?
Un documental de Sophie Pinchetti /Instituto Chaikuni
Lagrimas de aceite
Una Pelicula de Alerta Amazonica
AFECTACIONES A LA PESCA
“En el río están los principales alimentos como el pescado. Muchos apellidos kukama son nombres de peces, por lo que se convierten en parientes nuestros. La pesca no solo es una actividad de sobrevivencia, es también el espacio para aprender las relaciones de respeto entre el río y los seres que allí habitan.” – Radio Ucamara
Daños a la Espiritualidad de los kukama
“La espiritualidad de los pueblos demarca un espacio tan importante para la vida, para las relaciones con su entorno. Es la esencia en sí de la vida misma, del sentido de la vida y la importancia de las cosas en ese contexto. Cuando se fractura esas relaciones, esa forma de mirar, sentir y vivir, se genera un gran daño poco perceptible en ese instante, pero nefasto a mediano y largo tiempo.” – Radio Ucamara
Daños a la agricultura en Amazonia baja
"Esta actividad está siendo seriamente perjudicada por los constantes derrames de petróleo, pero aún más destruidas por los megaproyectos como la hidrovía amazónica, entre otros. Es urgente atender este problema o muchos pueblos quedarían sin alimentos poniendo en riesgo su existencia." – Radio Ucamara
Drones ayudan a los indígenas a supervisar derrames de petróleo en la selva amazónica de Perú
Un Documental por CGTN America con Dan Collyns
Una página web diseñada con el soporte técnico del Instituto Chaikuni. Texto de Sophie Pinchetti. Con agradecimiento especial a los Fotógrafos: Alex Kornhuber, Ginebra Penya, Sophie Pinchetti, Sergi Rudgrand.
Las fotografías no pueden ser reimpresas o republicadas sin el permiso previo del fotógrafo(s). Para obtener más información, contactar: sophie@chaikuni.org
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Con agradecimiento especial a los Fotógrafos: Alex Kornhuber, Ginebra Penya, Sophie Pinchetti, Sergi Rudgrand.